POR ALTAGRACIA ORTIZ G.
Los oftalmólogos dominicanos sometieron al Congreso un anteproyecto de ley para enfrentar el creciente fenómeno de los menores ciegos por “retinopatía de la prematuridad”, patología prevenible que cada año pone en riesgo la visión de unos 1,800 niños y niñas criollos.

El anteproyecto contempla  multas de hasta 20 millones de pesos contra médicos y establecimientos sanitarios que no indiquen exámenes oftalmológicos a los bebés prematuros antes de las cuatro semanas de vida.

Sus autores  forman parte de la Fundación de la Retinopatía de la Prematuridad, un organismo de la Sociedad Dominicana de Oftalmología.   

Estiman que entre 300 y 400 recién nacidos prematuros nacidos en República Dominicana pierden la vista cada año por falta de la revisión y el tratamiento adecuados.

Se informó que  el documento fue introducido recientemente a la Cámara de Diputados a través de su vicepresidenta, Lourdes Medina, del Partido de la Liberación Dominicana, y del diputado Andrés Henríquez, del Partido Revolucionario Dominicano.

La Fundación  mantiene una campaña de concienciación a nivel nacional en la que participan activamente alrededor de 400 especialistas de diversas áreas, informó su presidente, el retinólogo Juan Lorenzo Ubiera.

 “Procuramos que el examen oftalmológico de los bebés prematuros, antes de las cuatro semanas del nacimiento, sea obligatorio en todas las clínicas y hospitales del país, porque lo que está ocurriendo es escandaloso y es necesario detenerlo por medio de sanciones económicas”, afirmó.

 El oftalmólogo aseguró que anualmente nacen en República Dominicana alrededor de 18,000 bebés prematuros, de los cuales el 10 por ciento corre el riesgo de quedar ciego por retinopatía de la prematuridad, trastorno completamente evitable con un examen oftalmológico y un tratamiento indoloro con rayos láser.

 Indicó que los profesionales que serían sancionados en caso de convertir en ley el anteproyecto, serían los perinatólogos y los pediatras, así como las clínicas y los hospitales que no asuman la responsabilidad de impedir que los recién nacidos se enfrenten toda su vida a una limitación física irreversible.

 “Los receptores de los beneficios económicos que se deriven de la promulgación de esta legislación deben ser los niños y las niñas afectados por la mala práctica médica y  por el ocultamiento a los padres de información indispensable para salvar la visión de estos menores”, consideró Ubiera.

 Agregó que dicha compensación financiera deberá ser utilizada en la educación y manutención de esos niños y niñas, quienes suelen tener un menor índice de sobrevivencia por mala alimentación, falta de sustento y ausencia de oportunidades.

 “Pretendemos obtener de los legisladores y del Presidente de la República sanciones fuertes, que incluyan además la remoción del exequátur por mala práctica médica, porque quien no asume la responsabilidad de velar por los prematuros debe saber que se enfrenta incluso a la cárcel”, expresó.