Una propuesta de reforma tributaria presentada al gobierno, propone gravar con un impuesto de 15 por ciento los ingresos brutos mensuales de los profesionales independientes, como impuesto adelantado.

La propuesta plantea que en caso de que se entienda que esa tasa resulte políticamente difícil de aplicar, se establezca una de 10 por ciento.

La propuesta parte del supuesto de que los profesionales tienen gastos de negocios que promedian 40 por ciento de los ingresos brutos que reciben.

La propuesta fue elaborada por el economista dominicano Héctor Guiliani y los expertos internacionales Glenn P. Jenkins y Chun-Yan Kuo.

Para minoristas y otros suplidores de servicios, la propuesta sugiere aplicar una tasa de 1.5 por ciento de las ventas brutas, asumiendo que sus márgenes de ganancias son como promedio mucho menos que los de los profesionales independientes.

Se plantea que aplicar la misma tasa de 1.5 por ciento de manera abierta, eliminaría la variación de diferentes tasas impuestos a diferentes categorías de pequeños negocios.

La propuesta también recomienda un impuesto del 10 por ciento a los intereses que ganan los depósitos en las instituciones financieras.

Explica que en la actualidad todos los ingresos que por intereses ganan los individuos de instituciones financieras, así como de las asociaciones de ahorros y préstamos, están exentos, mientras que los pagos de intereses pueden ser deducidos como un gasto por las corporaciones.

En cambio, señala que los ingresos de inversiones en acciones se gravan con un 25 por ciento.

Considera que esto es injusto porque el interés y el retorno de las acciones corrientes son parte de un retorno del capital.

Por lo tanto, recomienda un impuesto plano hasta del 10 por ciento se le imponga a los intereses ganadas por todas las instituciones que asumen depósitos.

Los proponentes plantean que en el 2002 los ingresos por intereses y otros conceptos asociados, pagados a los individuos y a las compañías por los bancos y otras instituciones que asumen depósitos, sumaron de 19,119 millones de pesos.

Si se impusiera un impuesto sobre los intereses e ingresos recibidos por los individuos por ese concepto, el gobierno hubiera recaudado un ingreso adicional 1,530 millones de pesos.

Suponiendo que los depósitos de los individuos constituyen el 80 por ciento del total de los ahorros en depósitos, esta cantidad equivalente a 0.39 por ciento del PIB, se explicó.

Por otro lado, se indicó que hay aproximadamente 80 mil compañías en la República Dominicana y que las 700 firmas más grandes pagaron más del 86.5 por ciento de sus obligaciones por impuestos a través del impuesto mínimo del 1.5 por ciento.

Los autores de la propuesta consideran que ese impuesto es muy efectivo para recaudar impuestos a las empresas por adelantado.

Asimismo, se planteó que como las firmas pueden deducir la cantidad total de gastos de intereses sobre sus deudas, y al mismo tiempo sus gastos de depreciación están plenamente ajustados a la tasa de inflación, hay una sobre-compensación por el efecto de la inflación.

«Esto reduce la cantidad real de impuestos que se recaudan durante un período inflacionario», se indicó.

Se planteó que si el gasto por interés se permite en su totalidad como una deducción, entonces la base de costos de los activos deberá ser ajustada por la inflación sólo para la proporción de estos activos que están financiados por las acciones.