WASHINGTON (EFE).- Dos líderes del Senado de EEUU presentaron ayer un proyecto de ley de reforma migratoria que establece un nuevo programa de legalización temporal, reduce los retrasos burocráticos e incrementa los fondos para la vigilancia fronteriza.

La propuesta del demócrata Tom Daschle y el republicano Chuck Hagel toma como base algunos elementos del plan migratorio presentado por el presidente de EEUU, George W. Bush, el pasado día 7 y cuenta con el apoyo tácito de la Casa Blanca.

Durante una rueda de prensa, Hagel afirmó que el proyecto de ley será objeto de audiencias en el Congreso este mismo año, porque ése ha sido el compromiso del líder de la mayoría republicana en el Senado, Bill Frist, quien controla la agenda legislativa.

Los senadores alabaron los componentes del proyecto de ley y aseguraron que es una solución pragmática, de «sentido común» y, sobre todo, que se antepone a cualquier ideología.

Según Hagel, esta propuesta migratoria es la de mayor alcance jamás presentada en el Senado, porque fortalece la seguridad nacional, corrige los fallos del sistema migratorio y mejora la estabilidad económica al emparejar a los empleadores con trabajadores disponibles.

También ofrece a los indocumentados la oportunidad de «ganarse el derecho» de legalización si pasan una revisión de antecedentes criminales, llevan al menos cinco años en EEUU, han trabajado un mínimo de cuatro años, pagan impuestos, saben algo de inglés e historia y pagan una multa de mil dólares, además de los gastos de la solicitud.

La última palabra sobre quiénes y cuántos podrían beneficiarse del programa de legalización, así como sobre los costes de los permisos de trabajo, la tendrá el Departamento de Seguridad Nacional.

Al igual que la propuesta de Bush, esta iniciativa permite que las empresas contraten a trabajadores extranjeros siempre y cuando no haya estadounidenses disponibles y les ofrezcan los mismos salarios, beneficios y protecciones laborales.

Los trabajadores serían admitidos legalmente por tiempo limitado pero podrían cambiar de empleador sin temor a ser deportados. Las autoridades renovarían sus visados «bajo ciertas condiciones», que no fueron delineadas.

El proyecto de ley estipula sanciones contra quienes reinciden en infracciones migratorias pero promueve la reunificación familiar, porque propone un aumento de visados de residencia permanente.

Tanto Hagel como Daschle consideraron que, precisamente en aras de la seguridad nacional, el Congreso debe aprobar este mismo año la iniciativa, aunque reconocieron que esto sería difícil en un año electoral.

Así, aparte del compromiso republicano de tener audiencias sobre el asunto, los senadores admitieron que la aprobación de la medida es por ahora incierta.

Se desconoce el número de inmigrantes que podrían beneficiarse de este alivio migratorio, pero las autoridades calculan que hay en EEUU entre ocho y diez millones de extranjeros que viven y trabajan en la clandestinidad.

La amnistía de 1986 benefició aproximadamente a cerca de tres millones de personas pero los grupos del ala conservadora del Partido Republicano alegan que más bien alentó la inmigración ilegal hacia EEUU.

Para satisfacer la preocupación de los conservadores, Bush reiteró anoche en su discurso sobre el Estado de la Unión su oposición a una amnistía general «porque animaría la inmigración ilegal en el futuro».

La propuesta Hagel-Daschle ya logró el visto bueno de la Asociación Nacional de Restaurantes, un sector de la economía que depende en gran medida de los trabajadores extranjeros, que conforman el 14 por ciento de la fuerza laboral civil.

También logró el respaldo del Foro Nacional de Inmigración (NIF), uno de los grupos de presión pro-inmigrantes más activos en EEUU.

«Lo vemos como un avance muy positivo hacia una verdadera reforma migratoria y le damos la más alta calificación porque incorpora los elementos esenciales que siempre hemos impulsado para esa reforma», dijo a EFE Angela Kelley, subdirectora del NIF.