BOGOTA (AP).– Propuestas de convocar a nuevas elecciones para reemplazar al Congreso contaminado por el paramilitarismo y aplazar los comicios regionales de octubre, surgieron a raíz del terremoto político generado por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de llevar a cárcel a nueve congresistas oficialistas e investigar a muchos más.

«La credibilidad del Congreso ante la opinión pública está herida de muerte por este escándalo y por eso tenemos que buscar un acuerdo para convocar a nuevas elecciones’’, declaró el domingo a la AP la senadora Martha Lucía Ramírez, ex directora del Partido de la Unidad Nacional, el principal de la coalición de gobierno.

Agregó que las elecciones deben convocarse el año próximo —en la mitad del actual periodo 2006-2010—, pero en ellas no podrían participar «ni dirigentes que tengan investigaciones judiciales en curso ni parientes de los congresistas que han sido condenados’’ para evitar el traslado por derecho de sucesión del poder de políticos corruptos, como ha sucedido en Colombia en años recientes.  «Además, debe haber consecuencias para quienes otorgan avales para participar en las elecciones a personas indeseables: los partidos deben perder sus curules y los directores que avalaron los candidatos deben ser sancionados disciplinariamente’’, agregó.

   Pero la presidenta del Congreso, Dilian Francisca Toro, declaró que la propuesta de Ramírez abriría el camino a una dictadura y constituye un castigo injusto a los mayoría de los legisladores que nada tienen que ver con el narcotráfico o los paramilitares.

   «Si se cierra el Congreso habría una dictadura porque es el escenario democrático por excelencia y quedaría solo el Presidente decidiendo la suerte del país’’, agregó la senadora Toro, dirigente del mismo partido oficialista de la Unidad Nacional, en radio Caracol.

   El senador Jorge Enrique Robledo, vocero del opositor Polo Democrático Alternativo, también rechazó la idea de revocar el actual Congreso elegido con amplias mayorías oficialistas.

   «Cerrar el Congreso significa dar un golpe de Estado en el beneficio de convertir al presidente en un dictador’’, dijo Robledo a RCN radio.

   «Los congresistas vinculados al paramilitarismo son todos uribistas, afines a la senadora que hace esta propuesta (Ramírez) y no creo que la solución sea quitarle la credencial a los congresistas de la oposición que no estamos acusados de absolutamente nada’’, agregó.

   La senadora Ramírez —ex ministra de Defensa de Uribe— aclaró que no se trata de cerrar el Congreso, sino que los propios legisladores reduzcan de cuatro a dos años su periodo y convoquen a nuevas elecciones.