El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) propuso públicamente hoy al Consejo Económico y Social (CES) y a su presidente, Monseñor Agripino Núñez Collado, la posposición del Pacto Nacional de la Reforma del Sector Eléctrico hasta después de las próximas elecciones que se celebrarán el 15 de mayo de este año.

Basó su propuesta en que el inicio de la campaña electoral el próximo 2 de febrero, contaminará los debates de este Pacto y en el hecho de que el gobierno tiene que demostrar con gestos y acciones concretos su compromiso de respetar el consenso de los actores que participan en este diálogo y hacerse acreedor de su confianza.

Manifestó que después del escándalo de la concesión en secreto de un contrato para la instalación de una  planta de 600 megavatios de carbón en Punta Catalina, la credibilidad en las autoridades gubernamentales, especialmente las del sector eléctrico, no existe.

“En cualquier país del mundo que sea democrático y se respete la institucionalidad, un escándalo como éste hubiera forzado la renuncia del jefe de Estado que firmó la autorización para este contrato y de inmediato la destitución del responsable del sector eléctrico”, puntualizó.

Indicó que es totalmente compresible que sectores políticos y sociales, como el Partido Revolucionario Moderno (PRM), tomen la decisión de no continuar bajo las presentes condiciones participando en el Pacto Eléctrico.

“El gobierno no podía esperar que un escándalo de esa magnitud no tuviera consecuencias sobre la iniciativa de la suscripción de un pacto en la que necesariamente depende de la credibilidad que puedan tener las autoridades públicas en la sociedad”, afirmó.

El CNLCC planteó que el gobierno debiera de aquí al reinicio de las discusiones del Pacto Eléctrico después de los comicios de mayo próximo,  entregar todas las informaciones que se les ha reclamado, y en el caso de que no las tenga como es el caso de las auditorías de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) desde el año 2011, admita la carencia de estos importantes documentos y explique las razones o circunstancias de esta grave violación a la ley.

Añadió que también el gobierno deberá destituir a Rubén Jiménez Bichara como primer vice presidente de la CDEEE, quien ha sido la autoridad directa que ha actuado en el contrato con la empresa Pinegy Commercial Group, S.R.L., la sustitución del consejo directivo de la corporación estatal que refrendó este acuerdo mediante resolución y el procesamiento ante los tribunales de todos los que intervinieron en este escándalo.

Sugirió que si el gobierno desea obtener la confianza de la sociedad para la continuación de las discusiones del Pacto Eléctrico, deberá suspender oficialmente la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina, y supeditarse a la decisión que sobre estas plantas tomen los participantes en este pacto.

Explicó que aunque en la actualidad la construcción de las plantas de Punta Catalina está suspendida por carecer de financiamiento internacional, esta suspensión debiera oficializarse como un gesto de respeto a las decisiones del Pacto Eléctrico por parte del presidente Danilo Medina.

“Con su actuación, el gobierno es el responsable que el Pacto Eléctrico esté en crisis y paralizado,  y que finalmente fracase, si no gana confianza de la sociedad, y esto es muy poco probable que ocurra durante la presente campaña electoral”, aseguró.