POR UBALDO GUZMAN MOLINA
El Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, el Centro de Investigación Económica para el Caribe (CIECA) y Foro Ciudadano plantean, en su propuesta de reforma fiscal, eliminar los subsidios generalizados al Gas Licuado de Petróleo (GLP) y a la electricidad. Favorecen también que se realice una efectiva política de focalización, por entender que gran parte de los recursos destinados a ambos subsidios benefician a sectores de altos ingresos.

Señalan que la medida deberá ir acompañada de una fuerte inversión y de una política a largo plazo, para mejorar y eficientizar el sector eléctrico. Proponen un desmonte progresivo en cinco años equivalente a RD$12,000 millones, reduciendo cada año un 20% de ese monto.

Según la propuesta, los subsidios generalizados en GLP y electricidad benefician a sectores que no deberían estar subvencionados, además de significar un alto costo para el Estado que gasta más en esto que en salud o educación.

El documento denominado «Reforma fiscal para la equidad y desarrollo», establece aumentar la inversión en salud, educación, saneamiento y seguridad social. Fue recibido ayer por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Propone también un incremento gradual de la inversión social del 4.7% del Producto Interno Bruto (PIB), para llegar a 12.5% en el 2010.

Eso implicaría, señala, un aumento de 4.7% del PIB en cinco años. La mitad se obtendría de la reestructuración del gasto y el resto a través de nuevos impuestos.

Propone proteger al 40% más pobre de la población, impidiendo que paguen más impuestos y promoviendo la inversión en el desarrollo de capacidades que le permitan superar la pobreza.

Las entidades de la sociedad civil plantean también que los bienes de la canasta básica del hogar no deben ser gravados en una reforma fiscal, por entender que las familias más pobres pagarían más que las ricas.

La propuesta cuestiona que la reforma fiscal presentada por el gobierno obtiene el 71% de los ingresos a través de impuestos al consumo y el 29% en base a impuestos a la riqueza y la propiedad.

Señala que la propuesta del gobierno no es progresiva, pues sigue protegiendo a sectores de altos ingresos a costa del bolsillo de los que menos tienen.

Critica que se grave parte de los alimentos de la canasta familiar, como azúcar, aceite y café, sin aumentar los ingresos provenientes de impuestos a la riqueza y al consumo de bienes de lujo.

Favorece mantener el impuesto por grado de alcohol puro y añadirle un impuesto de 20% de su valor a todas las bebidas alcohólicas.

Propone que, al menos, en el 2006 el sector zona franca pague el 10% de lo que debería pagar del Impuesto Sobre la Renta y que progresivamente se vaya igualando al resto de la industria nacional.

Favorece también desarrollar instrumentos fiscales que permitan gravar de manera más efectiva a los estratos de ingresos más altos, incluyendo mecanismos para la detección de pagos y transferencias en el exterior.

Según la propuesta, la tasa del 1% sobre la propiedad de vivienda suntuaria a toda propiedad inmobiliaria, debe mantenerse. Actualmente sólo pagan este impuesto los propietarios de viviendas que valen más de RD$5 millones.

En cuanto a los vehículos, propone aplicar un impuesto a la propiedad equivalente a lo que se perdería (17%) con la puesta en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica (RD-CAFTA).