Santiago.-  La Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI) propuso que los terrenos donde se construiría una cementera  en el parque nacional Los Haitises y la extracción de rocas calizas, sean dedicados al desarrollo de asentamiento de campesinos y al fomento de un gran proyecto forestal, con la participación del Estado y los productores ubicados en la zona crítica.

Al expresar satisfacción con el resultado del estudio realizado por el Programa de las Nacionales Unidas Para el Desarrollo (PNUD), que rechazó el proyecto, la entidad medioambiental considera que es absolutamente invaluable las riquezas escénicas, la biodiversidad, la formación kártica y su extraordinaria reserva de este activo de la humanidad.

El presidente de la SOECI, Elly Ramírez, dijo que el asentamiento de campesinos  que sugieren en la zona de Los Haitises  debe estar impulsado con alto sentido de responsabilidad y justicia social, con modelos productivos que impulsen el desarrollo sostenible.

Asimismo, que reduzca los impactos que generan actividades altamente conflictivas en esos espacios de gran importancia ambiental, como son la tala indiscriminada de árboles, la quema, el conuquismo y la ganadería.

Afirmó  que los establecimientos de los asentamientos, garantizan la preservación de Los Haitises, mejoran los ingresos y elevará el nivel de vida de los productores involucrados.

Según el presidente de la SOECI, los hallazgos que motivaron la decisión del PNUD  que declara inviable e improcedente el proyecto de la cementera, se fundamenta en muchas de las razones que habían planteado con anterioridad.

 “La SOECI apoya sin reserva el decreto emitido por el Poder Ejecutivo que crea las áreas de amortiguamiento para todas las áreas protegidas del país, al mismo tiempo que hacemos un llamado a todas las instituciones ambientalistas y ecologistas del país a respaldarlo ante la pretensiones malsanas de grupos y personeros inescrupulosos que pretenden anular el decreto con intereses mercuriales”, señaló.

Elly Ramírez solicitó al Estado dominicano designar una comisión técnica multidisciplinaria que revise las concesiones por entender que muchas de ellas integran áreas ambientalmente estratégicas para el país, “ignorando nuestra propia legislación ambiental y atentan contra el sistema nacional de áreas protegidas y patrimonio natural de la nación”.