Más allá de lo que signifique dialogar con un gobierno haitiano vacilante, la República Dominicana está enfrentada a argumentos contrarios a la sentencia 168-13 sobre nacionalidad provenientes de organismos y entidades internacionales que no deben soslayarse. Sectores a los que habrá que convencer bien de que a pesar de la forma negativa en que está siendo interpretado el fallo por algunos sectores locales y fuera de aquí, este país no se propone violar derecho alguno de extranjeros e hijos suyos nacidos en este territorio. El esfuerzo de convencimiento incluye conversar con el gobierno impredecible de Martelly. Pero lo más importante sería replicarles a todos con criterios y compromisos de claridad y contundencia para que se acepte que no hay intención de desnacionalizar.

Esto es lo que el Gobierno ha estado negando, en correspondencia con la condición multirracial de esta nación, obligada por una Constitución que consagra su adhesión a principios universales de respeto a los derechos humanos y a los esquemas multilaterales que velan por ese respeto por encima de las fronteras. La tarea no ha de ser fácil. La responsabilidad que recae sobre nuestras autoridades de recomponer una armoniosa relación con el Sistema Interamericano, marca un momento crucial. Nuestros defensores oficiales han de ser, además de competentes y hábiles en el Derecho, francos y convincentes. Roguemos que logren su objetivo.

EL ESTADO QUE DEJA ZARANDEAR

Pertenecemos a un Estado con desequilibrios por efecto de los incumplimientos masivos en que incurren ciudadanos. Los incumplidores del pago de la electricidad, en el marco de la demora en rescatar institucionalmente al sistema, originan déficits fiscales que se agravan. Los generalizados incumplimientos a leyes de tránsito derivan en alta mortalidad y otros daños humanos y materiales que elevan los gastos del sector público de Salud. Las salas de emergencia se llenan de motoristas heridos.

Los incumplidores en pago de servicios de agua y basura hunden en insolvencia a las entidades que los brindan. Y los incumplidores de requisitos (que el Gobierno no aplica) para portar armas en legítima defensa se burlan de la nación y de sus leyes para delinquir o para ejercer la violencia homicida en riñas y en otras brutales acciones contra el prójimo en las que se inscribe una epidemia de feminicidios.