El Poder Ejecutivo presentó en la reunión del Consejo Económico y Social lo que sería un preámbulo de su propuesta de reforma constitucional. Dentro de las modificaciones que pretende lograr en consenso con los sectores políticos, sociales, sindicales y empresariales está reorganizar el funcionamiento de las altas cortes y el Poder Judicial.
«De la mano de la reforma al Consejo Nacional de la Magistratura, es oportuna una reorganización puntual del funcionamiento de las altas cortes, estas son, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral«, dijo el asesor jurídico del Poder Ejecutivo Antoliano Peralta.
La propuesta busca someter a los jueces a un régimen de ingreso, permanencia y alternancia más riguroso.
Estos administradores de la Justicia serían designados por períodos únicos de 9 años y los plenos serían renovados gradualmente cada 3 años; además, la ostentación de la presidencia de estas altas cortes sería alternada cada 3 años y a partir de los jueces designados anteriormente.
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El Ejecutivo confía que con esta dinámica se fortalecería la independencia de los jueces ante la imposibilidad de su reelección en un mismo órgano, reduciría la posibilidad de que se formen mayorías ideológicamente comprometidas con una visión política y contribuiría a la construcción de una cultura de reformulación gradual de los órganos constitucionales.
«Asimismo, se incluirían nuevos requisitos de designación para los jueces de estas altas cortes para que, durante los 5 años previos a su designación, estos no hayan estado inscritos en un partido político ni hayan realizado actividades de proselitismo político de manera notoria, reconocida y constante. Con ello se fortalecería la idea de un una altas cortes y un Poder Judicial ajeno a la política partidista, en coherencia con los principios de imparcialidad y objetividad de los jueces».
Para el Tribunal Constitucional, se mantendría la mayoría calificada de 9 votos que actualmente rige para la adopción de decisiones relativas a acciones directas de inconstitucionalidad, control preventivo de los tratados internacionales y conflictos de competencia, pero se remitiría a la ley la determinación de la mayoría exigida para la adopción de ciertas decisiones que son de su competencia.
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«Esta medida procuraría dotar de mayor celeridad los procedimientos constitucionales como la revisión de sentencias de amparo o la suspensión provisional de sentencias jurisdiccionales que, por la dificultad de la mayoría constitucionalmente establecida, son de muy prolongada tramitación en el Tribunal Constitucional, lo que desvirtúa por completo estos procesos constitucionales», indicó.
Por otra parte, se delegaría en la ley la regulación del funcionamiento del Consejo del Poder Judicial, incluyendo disposiciones que garanticen la independencia entre sus miembros.
Tercer encuentro
El Consejo Económico y Social (CES) convocó para el próximo 6 de octubre el siguiente encuentro con el liderazgo nacional, luego que este miércoles se abordaran algunos de los temas de las reformas propuestas por el presidente Luis Abinader.
El presidente del CES, Rafael Toribio, dijo al final de la reunión que está pendiente la metodología para discutir las propuestas presentadas durante el diálogo, que contó además con la presencia del primer mandatario.
Luis Abinader presentó este miércoles la propuesta de reforma constitucional para la recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura, la reorganización del funcionamiento de las altas cortes, así como garantizar la independencia del Ministerio Público y el fortalecimiento de los órganos de control interno y externo.