La comisión especial designada para la fusión de los ministerios de Educación (Minerd) y Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) está trabajando en la elaboración de una propuesta que será presentada al Poder Ejecutivo para gestionar el proceso de transición de ambas entidades.

Así lo anunció hoy Franklin García Fermín, titular del Mescyt, quien detalló que el equipo se reunió ayer martes para revisar la Ley 66-97 de Educación y la Ley 139-01, que establece el sistema de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

«Estamos en un proceso de discusión… Ahora mismo, las comisiones están trabajando y esperamos cumplir con el plazo que establece el decreto que crea la comisión, que es de seis meses. Se supone que para marzo-abril (del 2025) debe estar concluido el proceso de propuesta«, dijo García Fermín.

El ministro añadió que, una vez presentada la propuesta, si el presidente Luis Abinader lo considera conveniente, solo quedaría enviarla al Congreso Nacional para su aprobación.

Funciones de la comisión

El pasado 9 de octubre, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 580-24 que crea la Comisión Especial para la fusión de los ministerios de Educación (Minerd) y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), designando al ministro de Administración Pública como coordinador de la misma.

El decreto indica que la comisión tiene la misión de gestionar el proceso de transición, elaborar y ejecutar un plan de integración que incluya la consolidación de estructuras administrativas y de gestión, la armonización de políticas y programas, y la optimización de recursos.

Además, deberá realizar un diagnóstico de la organización y programas del Mescyt para hacer las adecuaciones necesarias a la nueva naturaleza del ministerio fusionado que aquí se propone y promover una visión unificada y coherente de la educación que abarque desde la educación inicial hasta la educación superior y la investigación científica, en un marco de respeto a los principios y valores que deben guiar el desarrollo educativo nacional.

Asimismo, deberá coordinar con todas las partes interesadas, incluyendo instituciones educativas, asociaciones profesionales y organismos internacionales, para garantizar una transición sin contratiempos y la implementación de mejores prácticas.

De igual modo, será la responsable de establecer mecanismos de comunicación transparentes y participativos para informar y comprometer a todos los actores del sistema educativo durante el proceso de unificación y proponer las modificaciones normativas que sean necesarias para una efectiva fusión.

Los resultados de la comisión deben ser entregados en un plazo de seis meses, a partir de la emisión del decreto. La disposición suspende, de manera temporal, el conocimiento y aprobación de nuevas instituciones de educación superior.

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