Los pueblos de Haití y la República Dominicana nos han dado una hermosa y pedagógica lección. Esas personas sencillas, laboriosas y ajenas a las interpretaciones y decisiones de quienes los gobiernan y de quienes a veces tratan, de manera inconsulta, hacer de sus voceros, han continuado con su vida normal, aquí y allá.

Es verdad que ha habido unos incidentes, pero han sido querellas pequeñas que organizaciones y medios periodísticos han querido inflar. Pero no se trata de un comportamiento especial, por años y años los haitianos y los dominicanos han convivido de manera armoniosa. Solo los políticos, los intelectuales y algunos oportunistas de uno y otro país argumentan querellas antiguas y viven rumiando un pasado que ya pasó, un pasado que quedó sepultado con sus berrinches. Somos dos países claramente delimitados. Unos y otros sabemos que este es un hecho irreversible. Lamentablemente, tenemos un desarrollo socio-económico desigual, realidad que siempre ha promovido una migración Haití-RD, por lo menos desde 1880. Debemos concentrarnos ahora, empero, en la búsqueda de una solución a ese documento, la sentencia 168 del TC, que ha planteado una solución inaceptable en estos tiempos. Esta sentencia tiene el pecado de haber desconocido la historia de la migración Haití-RD y de haber desconocido unos acuerdos legales suscrito por el país cuando firmó (1977) la Convención de los Derechos Humanos. La inteligencia y la buena práctica política indican que ahora nos toca buscar una solución legal, política y humanitaria a esta cuestión.

Hacerlo con prontitud es quitarle oportunidades y espacios al rancio nacionalismo dominicano, al oportunismo haitiano y al nacionalismo de nuevo cuño que levantan algunas bocinas del Gobierno de Medina. Hay varias propuestas que ruedan en las cercanías del Gobierno central, del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Leonel Fernández), de Participación Ciudadana, del Centro Bonó y del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD).

Ahora bien, ¿qué propongo yo?. Mi propuesta comprende los siguientes puntos: 1) una amnistía a favor de todos los haitianos que lleven 30 años o más residiendo en la República Dominicana; 2) reconocer los derechos constitucionales de los hijos de estos y reconocer su condición de ciudadanos dominicanos; 3) poner en marcha un plan de regularización para todos los que no caigan en el primer punto, de manera que puedan establecerse como residentes o ciudadanos, y 4) establecer un control estricto de la frontera, de manera que ningún haitiano sin visa pueda llegar al territorio dominicano. Con buena voluntad, se pueden buscar los mecanismos legales para hacer viable esta propuesta.