No es casual que haya consenso entre especialistas nacionales y dirigentes de los principales partidos políticos del país respecto de una propuesta que hace años viene siendo demandada por los sectores que conocen la problemática energética internacional y local: la creación de una Secretaría de Estado de Energía y Minas.

¿Para qué una nueva Secretaría de Estado?
La falta de institucionalidad, el clientelismo y la expansión parasitaria de la nómina pública característica de los últimos 40 años hace que la ciudadanía no se ponga muy contenta cuando oye hablar de una nueva Dirección General, Comisión, Instituto o Secretaría de Estado. No obstante, es necesario aclarar varias cosas.

Primero, la nueva Secretaría de Estado de Energía y Minas no implicaría nuevas designaciones de funcionarios ni de personal; no implicaría aumento del gasto público; ni compra de nuevos vehículos;  ni nada que se le parezca. La creación de esta Secretaría lo que en efecto producirá es una racionalización de las instituciones del sector y disminución en los gastos. La nueva entidad tendrá como soporte de infraestructura y humano los recursos con que ya cuentan las actuales entidades del sector energético.

Segundo, la Secretaría de Estado de la Energía no es un invento dominicano. Todo lo contrario. Muchos países de nuestra región cuentan desde hace tiempo con una estructura gubernamental centralizada encargada de estos relevantes temas. En el Cono Sur tenemos la experiencia de Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Uruguay y Bolivia. En Centroamérica tenemos el caso de Nicaragua sólo para citar un ejemplo.

Tercero, la razón fundamental para la constitución de esta Secretaría tiene que ver con el caos administrativo que hasta ahora impera en el sector. Resulta poco racional desde el punto de vista de la organización administrativa de un Estado moderno que una misma Secretaría, en este caso la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, se encargue de dos temas transversales y distintos en su naturaleza, en su enfoque, y en su cotidianidad: el tema industrial y comercial por una parte, y el tema energético y de minas, por el otro. Y que paralelamente existan otras dependencias que estén fuera operando de manera autónoma.

En ausencia de un marco legal unificado que brinde coherencia y racionalidad técnica al sector energético, corremos el riesgo de que en cualquier momento todas estas instituciones puedan funcionar como compartimentos estancos sin un plan estratégico común, consensuado y unitario.

Cuarto y último, la experiencia reciente con las transformaciones de antiguas entidades como la Secretaría de Finanzas, el Secretario Técnico y la Oficina de Administración y Personal, en nuevas Secretarías de Estado muestran claramente el éxito de estas iniciativas que muchos ven apenas como un cambio de nombre, cuando en realidad son cambios sustanciales en la forma de gerenciar los asuntos públicos, brindando mayor racionalidad, coherencia y planificación, y por ende brindando mejores resultados.

Misión, Estructura y Funcionamiento de la Secretaría.  A continuación presentamos nuestra propuesta de lo que debería resultar el andamiaje legal e institucional de la Secretaría de Estado de Energía y Minas:

Funciones Específicas:

En el sector minero:

– Adoptar los planes de desarrollo del sector minero del país en concordancia con los planes generales de desarrollo y con las políticas de inversión nacional y extranjera definidas por el Poder Ejecutivo.

– Supervisar el fiel cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias relacionadas con la exploración, explotación, transporte, refinación, distribución, procesamiento, beneficio, comercialización y exportación de recursos naturales no renovables, en coordinación con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En el sector energía:

– Adoptar la política nacional en materia de exploración, explotación, transporte, refinación, procesamiento, beneficio, transformación y distribución de minerales e hidrocarburos.

– Definir e implementar la política sobre generación, transmisión, interconexión, distribución y normatividad técnica en materia de energía eléctrica.

– Implementar normas relativas al uso racional de energía y el desarrollo de fuentes alternativas.

– Determinar y supervisar el cumplimiento de las normas técnicas relativas a los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible.

– Adoptar la política nacional en materia de expansión del servicio de energía eléctrica en las zonas rurales y semiurbanas no interconectadas.

– Identificar el monto de los subsidios anuales que deberán ser consignados en la Ley General de Presupuesto y Gastos Públicos para los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible, y establecer los criterios con los cuales deben asignarse los mismos.

– Organizar las licitaciones que fuesen necesarias para organizar el transporte, la distribución y el suministro de hidrocarburos.

– Estudiar las proyecciones de la demanda y oferta de energía.

– Promover la participación privada en su ejecución y autorizar las inversiones que se propongan efectuar las empresas del sector.

– Velar por el buen funcionamiento del mercado en el sector  energía y evitar prácticas monopólicas en las empresas del sector que operan en régimen de competencia.

– Elaborar, hacer cumplir y analizar sistemáticamente la estructura y niveles de precios de la electricidad y fijar, mediante resolución, las tarifas y peajes sujetos a regulación.

– Autorizar o no las modificaciones de los niveles tarifarios de la electricidad que soliciten las empresas.

– Autorizar todas las licencias para ejercer los servicios eléctricos locales así como fiscalizar su desempeño.

– Liderar y coordinar las empresas eléctricas con participación estatal.

– Administrar y aplicar los contratos de suministro de energía eléctrica con los Productores Independientes de Electricidad (IPP).

– Aprobar los planes de negocios, las líneas de producción y el presupuesto de gastos de inversión de las Empresas y Unidades del actual Holding CDEEE.

Estructura:

En lo que tiene que ver con la estructura de la Secretaría, consideramos que su organigrama debe ser lo más funcional y horizontal posible. Planteamos 4 Subsecretarías con las funciones que se detallan en el organigrama. A esta estructura central estarían adscritas dos (2) Superintendencias: la de Electricidad y la de Hidrocarburos; así como la Refinería Dominicana de Petróleo.

El Instituto Nacional de Geología sería una novedad dentro de este andamiaje institucional. Dentro de la estructura central estarían todos los departamentos técnicos y de apoyo administrativo y funciones transversales: consultoría jurídica, recursos humanos, relaciones públicas, contabilidad, servicios generales y demás.

Conclusión
La creación de la referida Secretaría no será la panacea a problemas ancestrales que la República Dominicana ha tenido en esta materia. Esta nueva entidad debe asumir de manera decidida todos los contenidos del Plan Integral de Desarrollo Eléctrico, que fue elaborado en el año 2006-2007 por la CDEEE. De lo que se trata es que la nueva Secretaría tenga claro que su misión fundamental será hacer más asequible los costos eléctricos para empresas y residencias, promover el desarrollo minero, y diversificar nuestras fuentes energéticas.

La cifra

8% del Presupuesto Nacional.  Es lo que gasta el gobierno en los subsidios al sector eléctrico, sin incluir el gas, lo que para este año se espera que supere con creces los mil millones de pesos, que podría, además, seguir creciendo si el precio internacional de los carburantes  mantienen la tendencia  hacia arriba.

El autor es Académico Fulbright egresado de PUCMM, Duke y Harvard.