POR PEDRO GERMOSEN
El presidente de la Junta Central Electoral, Luis Arias, y otros jueces de ese tribunal, advirtieron ayer al Senado que debe modificar el proyecto de ley que permitiría a los ministros evangélicos oficiar el matrimonio civil, a fin de evitar riesgos por falta de control en el cumplimiento de la legislación.

Arias y otros cuatro magistrados de la JCE formularon sus reparos a la pieza legislativa durante una reunión con el presidente del Senado, Andrés Bautista García; el vicepresidente, César Matías, y los senadores Pedro Alegría, Mario Torres, Sucre Muñoz, Juan Morales y Fausto López Solís.

Arias informó que la JCE remitirá próximamente un documento en el que hará las precisiones sobre las reformas que plantean para hacer viable la legislación.

Por su lado, el presidente del Senado, Bautista García, de Espaillat, dijo que los magistrados de la JCE expresaron preocupación por la versión del proyecto aprobada por la Cámara de Diputados y remitida al Senado.

Aclaró que la preocupación no es porque los evangélicos vayan a oficiar el matrimonio civil, sino porque aún no se ha determinado cuántas sectas aplicarían la ley y, sobre todo, añadió, por la falta de control que no prevé la legislación.

Observó que el matrimonio tiene implicaciones sobre el patrimonio de la pareja y sus hijos, lo que consideró un asunto sumamente delicado que debe ser ponderado antes de convertir el proyecto en ley.

«Lo veremos con la calma y delicadeza que amerita la legalidad del matrimonio», dijo el presidente del Senado.

Significó que ni la JCE ni el Congreso se oponen a la libertad de cultos que la Constitución de la República consagra como un derecho.

El presidente Arias visitó el Senado acompañado de los magistrados Rafelina Peralta y Nelson Gómez, entre otros. Los miembros de la JCE se reunieron con los senadores entre las 11:00 de la mañana y las 12:30 de la tarde en la presidencia del organismo legislativo.

–Sin Retaliación–

El presidente del Senado reconoció el derecho del presidente Leonel Fernández a suspender los decretos mediante los cuales la administración pasada concedió pensiones a empleados y ciudadanos meritorios.

Sin embargo, Bautista García dijo que la evaluación a que el mandatario sometió esas pensiones debe ser equitativa y justa a fin de que no se incurra en retaliación política.

Recordó que el presidente Fernández se comprometió a ejecutar un plan de austeridad y dijo que el mismo debe empezar, como planteó el mandatario, por el propio gobierno.

Respecto a la eliminación de 68 mil empleos de la administración pública, el presidente del Senado consideró que el gobierno debe evaluar los casos para que no cometa injusticias.

Señaló que el gobierno debe evaluar primero sus requerimientos y luego adoptar las medidas que considere pertinentes pero justas.

Manifestó que, por su lado, las cámaras legislativas deben ser prudentes en la aprobación de leyes de pensiones, en razón de que éstas implican gastos, por lo que debe haber fondos suficientes para cubrir esas erogaciones del Estado.