La administración de Progresando con Solidaridad (Prosoli) afirmó ayer que esa entidad no ha negado el pago de las prestaciones laborales a los empleados cancelados, sino que debido a la pandemia de la covid-19 le obliga a trabajar con menos personal.

Una comunicación de la entidad señala que trabajan con una gran cantidad de casos y que solo espera que concluya el proceso establecido por el Ministerio de Administración Pública (MAP) para realizar el pago que corresponde a los exempleados.

“Desde el Departamento de Gestión Humana de Prosoli se ha realizado de manera oportuna, en cada caso, el proceso correspondiente luego de desvincular a un colaborador. Se envía al MAP y ellos establecen un plazo de respuesta para enviar los cálculos que usualmente es de 15 a 20 días hábiles”, refiere el texto.

La directora de la entidad, Gloria Reyes, dijo que desde el pasado 10 de diciembre solicitaron los pagos al departamento de finanzas y que una vez lleguen los cálculos del MAP procederán al pago.

“Estamos en una situación muy difícil por la covid-19 que nos ha mermado nuestro personal, sin embargo, nuestras líneas están abiertas para orientar e informar el estatus de cada caso”, expresó Reyes.

Manifestó que no solo es Prosoli que está bajo esta presión de los desvinculados por su remuneración, sino que en la misma situación están las más de 300 instituciones públicas y los organismos descentralizados del Estado.

En ese sentido, la funcionaria señaló que la gran cantidad de ingresos y salidas de personal, por el cambio de Gobierno y, tomando en cuenta la alta demanda que ha tenido el MAP de otras entidades, ha dilatado el proceso.

Reyes dijo que en cualquier caso acogen lo estipulado en el artículos 63 de la Ley 41-08 de Administración Pública, que establece que en todas las situaciones de funcionarios y servidores públicos desvinculados el pago de sus prestaciones no pueden exceder los 90 días laborables.
Insistió en que trabajan para entregar las prestaciones a los desvinculados.