El reciente arresto en Sosúa de 16 estadounidenses y 7 dominicanos dedicados a prostituir mujeres y traficar con ellas, pone de nuevo sobre el tapete la necesidad de mejorar la vigilancia para impedir que algunos de nuestros polos turísticos sean utilizados para este negocio tan degradante de la condición humana. Esta actividad ilícita, precisamente, es una de la que más daño ha causado al turismo, pues los promotores de la prostitución tienen sus medios para vender al país en el exterior como un paraíso en la materia. En el caso que nos ocupa, llama la atención que en el operativo para desarticular la banda participaron funcionarios de la embajada de los Estados Unidos en el país, lo que permite hacer conjeturas sobre la gravedad que revestía el caso para Washington.

Por el número de personas arrestadas y el hecho de que 29 mujeres fueron rescatadas en el operativo de Sosúa, es posible hacerse una idea de la magnitud de sus operaciones. No es descartable que la complicidad de autoridades locales permitiera crecer este negocio ilícito en un enclave turístico muy frecuentado por turistas estadounidenses y europeos, y en el que vive un número importante de ciudadanos alemanes. El caso de Sosúa no es único, pues en otros lugares de atractivo turístico la prostitución es un lucrativo negocio. Hay que asumir en serio el saneamiento de nuestro turismo y desarticular las redes de prostitución que tanto daño le hacen.

LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

Pensar que la defensa de los consumidores y usuarios es tarea exclusiva de Pro Consumidor es una manera simplista de ver la cuestión. La ley 358-05, de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, traza en sus artículos 90 y 91 pautas muy claras que comprometen en esa tarea al ámbito educativo. Desde los primeros años de la edad escolar es necesario, por mandato de esa ley, incluir asignaturas cuyo propósito sea adiestrar a los usuarios y consumidores sobre los derechos que les asisten.

De manera que en la transformación educativa que vive el país a partir de la inversión del 4% del PIB en educación, es necesario acoger el mandato de los artículos 90 y 91 de la ley 358-05 para adiestrar a los escolares sobre sus derechos desde la más temprana edad posible.