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La preservación de la inocuidad de los alimentos es un requisito que el país se ha visto precisado a respetar para poder colocar sus productos en Estados Unidos y Europa. Pero no se puede afirmar lo mismo cuando se trata de consumo interno. Desde el año 2000 y en virtud de compromisos internacionales, la República Dominicana debió armonizar con el resto del mundo sus sistemas de sanidad animal y vegetal, pero no lo ha hecho. Y mantiene vigente una ley, la 311 del año 1968, que favorece al sector importador de sustancias nocivas.
El entomólogo Julián de la Rosa ha dado la voz de alarma sobre el hecho de que el proyecto de ley de Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, que lleva tres años en el Congreso sin ser aprobado definitivamente, no protege al consumidor dominicano porque mantiene vigente una ley que favorece la importación de pesticidas que afectan la salud. El proyecto fue aprobado en el Senado, pero perimió en la Cámara de Diputados.
El Estado está obligado a garantizarle al consumidor dominicano la misma inocuidad en alimentos que por compromisos comerciales le garantiza al mercado externo. Para esto debe incluir a Pro Consumidor en la toma de decisiones sobre este tema tan importante para la salud humana. La importación de pesticidas y agroquímicos prohibidos en otros países debe cesar.
LAS MIPYME Y LA CARGA TRIBUTARIA
En un país que se esfuerza por impulsar el progreso de las micro, pequeñas y medianas empresas, no se podría pasar por alto la propuesta de las organizaciones que agrupan a las mujeres empresarias, para alivianar la carga tributaria del segmento empresarial de pequeñas inversiones. Su criterio es que las mipyme con capital hasta diez millones de pesos paguen un tributo único para evitar que la carga fiscal las ahogue.
El Gobierno ha adoptado medidas en favor de las mipyme, como facilidades de acceso a crédito blando y amplia participación en las compras y contrataciones del Estado. Sin embargo, en el aspecto tributario parecen anidar algunas de las causas que obstaculizan el avance de las micro, pequeñas y medianas empresas. La propuesta de las organizaciones de mujeres empresarias debería ser ponderada para ver su factibilidad como parte del paquete de incentivos a las mipyme.
