Donald Rowland Francis 
La tarjeta de crédito, el medio de pago más moderno y dinámico que utilizan los usuarios para adquirir sus bienes y servicios no podía escapar a la intención fraudulenta que arropa a una buena parte de comerciantes inescrupulosos en nuestro país. Esa malsana práctica acaba de ser puesta en alerta ante los consumidores dominicanos por la nueva directora de Pro-Consumidor, Anina del Castillo, al advertir que «los establecimientos que carguen un por ciento adicional a las compras pagadas con tarjetas de crédito incurren en una práctica ilícita, que violenta la Constitución dominicana, la normativa y las disposiciones legales de la Junta Monetaria.»
Los montos de dinero manejados en este sector de la economía son astronómicos, si nos guiamos del sostenido crecimiento habido en el uso de las mismas por un amplio número de los usuarios dominicanos, cuyas operaciones en tarjetas de crédito y débito sobrepasaron los RD$227,300 millones al año 2014, cuando en el 2011 sumaban apenas RD$135,640, según cifras ofrecidas por la Asociación de Bancos Comerciales (ABA).
La preocupación externada por la directora de este organismo del Estado es válida cuando advierte que investigará y multará a los comercios que incurran es esta malsana práctica. Entendemos no obstante, que el esfuerzo debe acompañarse del diseño de una campaña mediática de publicidad y promoción educativa que sirva como disuasivo a la intención de engaño al consumidor más indefenso, vulnerable e ingenuo. Las tarjetas de crédito se han convertido en el medio de pago de preferencia en el mercado nacional registrando aumentos significativos en los últimos años, augurando un futuro económico de mayor dinamismo para el país. Esta tendencia, por tanto, bajo ningún concepto debe ser manchada por agentes comerciales inescrupulosos.
