La función judicial está expuesta a presiones por amenazas para forzar tribunales a fallar en determinada dirección, maniobra que los jueces deben resistir con valor personal en la misma forma en que se les reclama estar moralmente armados contra las pretensiones de seducirlos con dinero. Ante las vacilaciones atribuidas a unos magistrados de La Romana que estarían sacando el cuerpo a un proceso por narcotráfico, el presidente de la Suprema Corte, Mariano Germán, demandó la valentía que la sociedad espera de quienes deben servirle con equidad e independencia.

Tratándose probablemente de situaciones creadas desde la sombra con señales concretas para que teman por sus vidas, reclamar firmeza a los togados no es suficiente. Es deber de quienes ejercen autoridad sobre ellos establecer el posible origen de las intimidaciones recabando las informaciones que pueda aportar cualquier persona relacionada con los encausamientos en marcha. Un efectivo mecanismo de protección a la integridad física de los jueces debe tener presencia en función de la gravedad de los riesgos a correr, tomando muy en cuenta que sus actuaciones suelen colocarlos en la mirilla de gente que podría tener recursos para lanzar agresiones; no puede permitirse que permanezcan en una indefensión que facilite los atentados que los conviertan en víctimas de la propia criminalidad que usualmente castigan.

Una comunidad en sala de espera

El municipio de Miches está definitivamente en el mapa de la industria turística de la región del Este gracias a inversiones en proceso y a infraestructuras aportadas por el Estado; pero como destino no estará completo mientras no disponga de un buen suministro de agua potable y de servicios de salud y le sea imposible recibir por vía marítima a una parte de los visitantes que llegan a la bahía de Samaná.
El alcalde Federico Antonio Bencosme está empeñado en que su comunidad supere sus limitaciones en obtener ingresos solo por agricultura, pesca y remesas. En sus razonables expectativas está la industria sin chimenea… y lo que no suele faltar en ningún municipio: la aspiración a recibir los recursos presupuestales que por ley y justicia debe tocarles, unilateralmente menguados por el Poder Ejecutivo.