Hoy 
La situación económica del país, forzado a corregir un déficit fiscal y un déficit cuasi fiscal y a someterse un programa de ajustes aceptable para el Fondo Monetario Internacional, hace insostenible el subsidio indiscriminado al gas licuado de petróleo (GLP).
En modo alguno se compadece con esta realidad que el Estado siga cubriendo con el producto de sus recaudaciones más de 50% del costo real del GLP que consumen la hotelería, los restaurantes y los transportistas, sectores que en base a la libertad de comercio fijan con éxito los márgenes de beneficios a sus productos y servicios.
En apoyo de su labor productiva lo ideal sería que los choferes y los propietarios de múltiples negocios pudieran seguir preservando su rentabilidad a través del bajo nivel y estabilidad en los precios del carburante que el Estado ha prohijando hasta ahora.
Pero el alza de los precios internacionales del petróleo y sus derivados, y la presión que sobre el fisco ejercen múltiples obligaciones, incluyendo la de aliviar el peso del alto costo de la vida sobre familias de escasos recursos, obligan a restringir el subsidio para que llegue a quienes más lo necesitan y merecen.
En el cuadro de los factores que han provocado la devaluación de la moneda dominicana en perjuicio de toda la economía, está el exceso de gastos, como los que han sido necesarios para mantener el gas a precios artificialmente bajos.
Cabe señalar que la sincerización del precio del GLP estimularía a los usuarios, sobre todo a los niveles industriales, comerciales y vehicular, a la aplicación de medidas que contribuyan al ahorro.
Los altos precios del petróleo y sus derivados obligan a un uso eficiente; aún a aquellos compradores que utilizan el carburante para obtener beneficios y aún aquellos que, como los transportistas, muchas veces imponen tarifas altas por sus servicios como si movieran sus vehículos con gasoil y gasolina cuando en realidad lo han estado haciendo con el gas subsidiado.
-II-
Ahora bien: los mecanismos que el Estado implante para focalizar el subsidio hacia las amas de casa de bajos recursos no deben dejar brechas para la desviación fraudulenta, lo que podría ocurrir si se insiste segmentar la venta fijando dos precios, dejando los mismos canales de distribución.
El Estado tendrá que ingeniárselas para que los consumidores de bajos ingresos reciban directamente de alguno de sus organismos la ayuda económica que operará como subsidio. Sea por cheques, tickets o tarjetas de crédito.
Ya se sabe que el gobierno cuenta con estudios confiables sobre distribución geográfica de los sectores más pobres del país. Y con el uso del registro civil y el padrón electoral es factible individualizar a una mayoría de las familias más necesitadas.
Las diferentes iglesias y las juntas de vecinos constituirían también serían un recurso idóneo para canalizar el subsidio del gas y hasta otras asistencias sociales dirigidas a ancianos sin familias, madres desempleadas con hijos en edad escolar y a incapacitados.
