Protección social vs. pobreza extrema

Protección social vs. pobreza extrema

ABELARDO MUESES
El Sistema Dominicano de Seguridad Social fue creado con el firme propósito de convertirlo en el instrumento ideal para combatir la pobreza extrema que durante décadas ha asolado a la Nación Dominicana; lo mismo que en otros países, donde los servicios que se prestan a través de ésta, han contribuido significtivamente a elevar el nivel de vida de toda la población.

No cabe duda alguna de que nuestro sistema, aunque sea en teoría, es uno de los más completos entre los de la América Hispana puesto que logramos incluir en un único sistema aspectos tan diversos, complejos y distintos como son salud, pensiones, riesgos laborales y estancias infantiles así como otros aspectos que se derivan o son parte de los ante mencionados tales como subsidios por enfermedad, discapacidad, maternidad y lactancia. Es bueno aclarar que algunos de estos servicios ya se venían suministrando desde hace mucho tiempo a través del Instituto Dominicano de Seguros Sociales aunque con algunas limitantes que fueron superadas, al menos en el texto, mediante la puesta en vigencia de la Ley 87-01.

Para poner sólo un ejemplo podemos decir que la inversión oportuna, segura y garantizada de los fondos de pensiones en instrumentos financieros adecuados puede estimular y motorizar industrias como la de la construcción de viviendas para familias de escasos recursos u obras públicas de infraestructura administradas de manera privada a los fines de garantizar el retorno de esas inversiones. En cuanto a la salud ni decir; este es uno de los servicios que mayor incidencia tiene, sobre todo en la población llana, ya que la mayoría de esta está totalmente desprotegida con lo cual aumentan enormemente los niveles de insalubridad en el país. La protección contra los riesgos laborales así como el servicio de las estancias infantiles son otros de los mecanismos intrínsecos al sistema que permiten a los trabajadores desempeñar sus funciones con mayor tranquilidad puesto que tienen el derecho a un servicio de salud apropiado en caso de perder la salud como consecuencia del trabajo realizado así como la posibilidad de que las madres trabajadoras puedan dejar sus hijos, de uno a cinco años, en centros especializados donde se le brinda educación, alimentación y salud.

Son muchos los dominicanos que se preguntan que es lo que está pasando con el tan cacareado Sistema de Seguridad Social; porque algo que creó tantas expectativas, antes y después de promulgarse la ley, sencillamente no ha tenido al menos un efecto que la población pueda disfrutar, asimilar y promover como algo tangiblemente provechoso.

A continuación examinaremos de manera sucinta algunos de los motivos por los que al país le resulta insípido tan importante logro: Primeramente, de los tres regímenes de financiamiento, establecidos en el artículo 7 de la Ley, sólo el régimen contributivo en el aspecto de pensiones ha estado funcionando adecuadamente ya que a la fecha hay más de un millón de trabajadores cotizando para el Fondo de Pensiones a través de las AFPs, lo cual, sin dudas, ha venido a representar, en lo inmediato, una disminución en los magros ingresos de la población trabajadora.

En el aspecto salud, ninguno de los tres regímenes ha empezado a presentar resultados; todo esto, a contrapelo de lo que establecen los artículos 123, 125, 127 y 128 de la referida Ley así como la Resolución 51-03, de fecha 30 de Octubre del año 2002, la cual ordenó la implementación del Sistema Dominicano de Seguridad Social para el régimen subsidiado, a partir del día Primero de Febrero del año 2003 de la Región de Salud IV, que comprende las provincias de Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco.

El desparpajo y la indolencia de las autoridades es tal, que en publicación reciente, del día 7 del mes de noviembre pasado, se informó como un logro sui géneris la gran utilidad, para los beneficiarios de los programas subsidiados de la seguridad social, del Sistema Unico de Beneficiarios (SUIBEN), creado recientemente por el gabinete social del gobierno para planes ajenos a la Ley 87-01; como si esta base de datos, responsabilidad específica de quienes administran el sistema, no debió haberse empezado a elaborar durante los primeros tres meses de la entrada en vigencia de la Ley tal como se dispone en el párrafo III del artículo 7 y no tres años después.

Los mismo sucede con los beneficiarios del régimen contributivo subsidiado, quienes a más tardar mayo del 2003, debieron empezar a recibir los servicios de salud, pero no hay instrumentos siquiera que permitan identificar a estos beneficiarios por lo que, de ponerse en ejecución el Seguro Familiar de Salud, tampoco tendrían forma de recibir dichos servicios. A todo esto debe de agregársele las enormes debilidades gerenciales que existen en el CNSS lo cual impide que la población se entere de las cosas que verdaderamente le interesan; muchos piensan en nuestro país que la gente conoce nada o muy poco sobre seguridad social, pero la verdad es que los ciudadanos comunes no necesitamos convertirnos en expertos de la seguridad social; necesitamos recibir los servicios a los que tenemos derecho por Ley y que están consignados en la misma.

Finalmente, queremos establecer que si el gobierno del Dr. Fernández tiene la intención sincera y efectiva de luchar contra la pobreza, debe prestar asunto a lo que pasa con nuestra seguridad social. No quisiéramos pensar que el desplante del Presidente de la República, al no asistir a la inauguración de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, celebrada recientemente en Casa de Campo, es un mensaje subliminal de lo que sería su política sobre este tema. El gobierno dominicano no sólo tiene la responsabilidad de contribuir económicamente con el sistema sino supervisarlo, controlarlo y exigir el cumplimiento del papel para el que han sido designados los funcionarios del sistema. El gobierno pasado puso la primera piedra cuando después de décadas de bailoteo irresponsable en el proceso de aprobación de la Ley, logró ponerla en ejecución y en marcha. Es compromiso de este gobierno continuar sin más dilaciones con la implementación de la misma.

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