POR GERARDO REYES
El Nuevo Herald
La policía de República Dominicana asignó vigilancia permanente al sacerdote Christopher Hartley, después de que que recibió amenazas por sus denuncias sobre la situación de los trabajadores haitianos en las plantaciones de caña al sudoeste del país.

Hartley, párroco de San Pedro de Macorís, explicó que las amenazas se recrudecieron a partir de la publicación el mes pasado de un artículo de El Nuevo Herald que citó declaraciones suyas en torno a las condiciones infrahumanas en que viven y trabajan cientos de los inmigrantes haitianos en el complejo agroindustrial de la familia Vicini.

Las amenazas se extendieron a personal que colabora con la parroquia en programas de asesoría legal y asistencia en alimentación de las familias de los trabajadores, explicó el sacerdote.

»»Han puesto un precio sobre mi cabeza»», dijo Hartley desde República Dominicana. «Es el precio que estamos pagando por dar a conocer lo que ocurre en los bateyes»».

Hartley informó que su relación con la empresa propietaria del ingenio azucarero situado en la jurisdicción de su parroquia es muy tensa. La más reciente confrontación ocurrió la semana antepasada al presentarse en uno de los bateyes (campamentos) a atender las quejas de trabajadores recién llegados de Haití. Alegaban que los había engañado con el tipo de trabajo que les ofrecieron cuando los reclutaron en su país. Uno de ellos es menor, dijo el padre. Durante la reunión con los trabajadores, explicó, el sitio fue rodeado de maquinaria y autos de la empresa, lo que lo forzó a salir en su jeep a gran velocidad derribando un alambrado en compañía de algunos jornaleros descontentos.

El reportaje de El Nuevo Herald »»Esclavos en el Paraíso»» denunció la hambruna que afecta a los cortadores de caña debido a los irrisorios pagos de la empresa ($1.80 por tonelada de caña cortada); la falta de agua potable, servicios sanitarios y electricidad y los castigos a que son sometidos cuando tratan de escapar.

Aunque los representantes del central Cristóbal Colón se negaron a hablar con este diario durante la visita a Dominicana en diciembre, la semana pasada un ejecutivo de la empresa envió a El Nuevo Herald una carta en la que se refiere a algunos temas del reportaje. Sostuvo que:

La empresa nunca ha contratado menores de edad.

El precio que paga la empresa a los trabajadores «se sitúa dentro de las normas que rigen el mercado»».

La empresa »»mantiene una política de reparación, mejoramiento de los albergues y construcción de alojamiento»» … «en la cual invierte sumas millonarias»».