El deterioro  creciente de la situación haitiana se percibe de varias formas. Está claro que allí  no rige  un gobierno con plenitud de facultades y  general aceptación  y la nave del Estado no parece encaminada al fortalecimiento institucional.

La constante posposición de las elecciones generales –para las que ya la comunidad internacional formula desesperadas exigencias- expresa lo difícil que resulta colocar a Haití hacia un mejor destino.

En lo que al orden público se refiere, ya se sabe que los secuestros de ciudadanos haitianos y de extranjeros han llegado a ser una industria que reduce casi a cero la seguridad personal.

En medio de este panorama la reincidencia del tráfico ilegal de viajeros con destino a la República Dominicana arrojó el pasado miércoles  el trágico resultado de 25 migrantes que murieron asfixiados en un furgón.

El gobierno dominicano, la justicia, la Policía y las Fuerzas Armadas, han mostrado indignación ante el doloroso suceso y han asegurado que no escatimarán esfuerzos para establecer responsabilidades y aplicar castigo.

Es cierto que al margen del Estado mismo y sus políticas, se cometen abusos contra inmigrantes haitianos y que ha persistido el tráfico de braceros hacia este lado de la isla. Ningún límite geográfico del mundo está exento de facetas de ilegalidad.

Centenares de seres humanos mueren cada año en viajes clandestinos a Estados Unidos. Unos en la aridez de los desiertos  limítrofes con México. Muchos otros, incluyendo dominicanos, en naufragios en aguas cercanas a la Florida y a Puerto Rico.

Nada de eso excusa que los controles del Estado dominicano fallen en impedir que los haitianos perezcan en su esfuerzo por llegar hasta aquí, donde encuentran trabajo y otras condiciones un poco mejores que las de su propio país.

Pero al menos explican lo difícil que resulta en todas partes la tarea de preservar vidas en los peores  trances de la migración irregular.

Con frecuencia, cerca de costas españolas mueren africanos que cruzan el estrecho de Gibraltar en frágiles embarcaciones y en torno a dos ciudades de Marruecos que siguen estando bajo la soberanía española, existen barreras infranqueables que rememoran el muro de Berlín, o la muralla  que los estadounidenses se han propuesto levantar en su frontera con México o la  alta pared que los israelíes comenzaron a construir para separarse de los territorios palestinos.

Frente al caos haitiano, la República Dominicana arrastra  las consecuencias de no haber tenido controles efectivos de su frontera, y que sus gobiernos han velado muy poco para que los límites geográficos solo sean traspasables con formalidad y respeto.

Eso que llaman frontera ha estado casi siempre  a cargo de gente vulnerable al soborno, lo que ha fomentado las operaciones de redes delictivas que sacan beneficio  al bajo costo  de la mano de obra extranjera.

Con todo, la nación dominicana no puede haber perdido su derecho  a ejercer  a plenitud tareas para protegerse de cualquier  tipo de inmigración que acentúe los problemas sociales  o que la exponga a conflictos étnicos o que incite a poderes extra territoriales a tomar partido en contra de los soberanos intereses de esta República.

Haití es allá y República Dominicana es aquí.

Estamos conscientes de que hay, de este lado, mucha responsabilidad  de que en campos y ciudades existan considerables  núcleos de indocumentados, lo que es acompañado por fuertes presiones  para que el Estado  trate de asimilarlos a condiciones legales que en la mayoría de los casos no corresponderían.

La  República Dominicana representa valores históricos, culturales y patrióticos que, hoy más que antes,  deben ser defendidos con esfuerzos redoblados frente a un Haití que parece desintegrarse.

El Presidente Leonel Fernández dio una oportuna clarinada anteayer al defender con vehemencia el derecho de los dominicanos a fijar reglas justas y claras sobre la concesión de la nacionalidad advirtiendo sobre los graves riesgos que conlleva  tolerar la presencia de colectividades de inmigrantes que aprovechando nuestra tolerancia se asienten y desarrollen  en este espacio al margen de la dominicanidad.

El  jefe de Estado trazó un rumbo que pasaría, de ser necesario, por un debate nacional orientado a aclarar, constitucionalmente y en leyes adjetivas, los requisitos  que deben llenarse para poder ser considerado dominicano.

Se trata de un atendible llamado a la conciencia  nacional que no debe caer en el vacío. La directriz está dada y el país debe actuar en consecuencia.