Existe una división de tres poderes en un Estado democrático, por lo menos desde Montesquieu: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. También hay la confusión de poderes cuando hay interacciones entre éstos, y el despotismo, en el que una persona o grupo maneja todo el poder real, como ha sido el caso en las dictaduras, tanto brutales, o dictablandas, como la que padecemos ahora bajo Leonel Fernández, en el que el poder judicial se ha diluido en cinco con poco peso específico, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, al Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Superior Electoral: y el Orden Económico dirigido supuestamente por una Cámara de Cuentas y una Junta Monetaria que solo tienen altas sus remuneraciones, ya que todos son controlados por el PLD.

Pero además hay otros tres órganos que son vitales para el ejercicio democrático: el Poder Constituyente originario, que define la distribución y uso del poder público, desconocido en la práctica al disfrazar como simple reforma lo que fue la total transformación de nuestra Carta Sustantiva en la que una pragmática despótica quiso ocultarse con el enunciado prolijo de derechos; y los municipios, que fueron despojados de recursos.

En tanto, el Poder Electoral para el maestro Hostos el primero, por ser el que legitima a todos los demás, está en manos del PLD, con una Junta Central Electoral presidida por uno de sus directivos, y un Tribunal Superior Electoral a su servicio en lugar de estar como en otros países integradas por miembros de la judicatura regular. Dentro de ese contexto, la JCE, apertrechada de funcionarios parcializados, al parecer se mueve para tratar de aprovechar todos los resquicios que tiene el proceso electoral para inclinar la balanza a favor del oficialismo.

En ese sentido se trata de reducir al mínimo los boletines electorales, para crear la percepción de triunfo por muerte súbita en un primer boletín de actas seleccionadas, marginar actas poco convenientes a través de los master que revisan las actas, y la dilación de actas no favorables, aparte de la compra de votos y cédulas que han practicado en elecciones anteriores cerca de los recintos; que son solo parte del arsenal de que puede disponer la Junta Peledeísta Electoral, para tratar de revertir la voluntad de cambio de la población dominicana a través de la candidatura del PRD e Hipólito Mejía

Pero en esta ocasión el PRD, la ciudadanía consciente, las masas del pueblo y gran parte de las instituciones internacionales saben que aquí se define en gran parte del destino de la democracia latinoamericana; y la posible la conversión de ésta en una pseudodemocracia de partido único.

Pero el PRD y sus aliados están preparados para desbaratar en cualquier plano las arremetidas de los grupos antidemocráticos para continuar haciendo inhabitable este país, por la corrupción, el crimen y el abandono de los servicios públicos que hoy padecemos.

No pasarán