Carlos Peña 
El recién emitido decreto 15-17 viene a fortalecer todo el marco de desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas en República Dominicana, pues establece una serie de lineamientos tendentes a eliminar la discrecionalidad con que desde algunas agencias del gobierno han venido manejando las compras y contrataciones públicas.
Es por todos conocido que la Ley de Compras y Contrataciones establece una serie de procedimientos mediante los cuales los bienes y servicios que demanda el Estado dominicano a través de sus distintas instituciones pueden ser adquiridos, a decir, licitaciones, comparaciones de precio, sorteos, entre otras. Evidentemente que en el caso de las licitaciones las grandes empresas siempre evidenciarán ventajas competitivas respecto a las mipymes. Estas ventajas se reflejan debido a la capacidad para soportar los prolongados financiamientos que exigen las distintas instituciones en sus procesos de compra y contrataciones, situación ésta que genera la exclusión de las micros, pequeñas y medianas empresas de esos procesos, no así cuando la adquisición de bienes y servicios por parte de las agencias públicas se realiza por la vía de los concursos o sorteos donde tanto los grandes, como los pequeños participan en igualdad de condiciones.
No cabe duda que la irregularidad en lo que a la frecuencia de pagos respecta por parte de las instituciones públicas a sus suplidores, genera serios daños financieros al sector de las mipymes y especialmente afecta de manera directa a la clase media dominicana que es la que participa activamente como generadora de empleos en este segmento de empresas. esto se agrava cuando de cumplir los compromisos tributarios se trata pues es necesario realizar el pago correspondiente al ITBIS de cada mes correspondiente a las facturas emitidas durante ese período, sin importar que la mipyme haya recibido o no el pago debido.
Esta situación provoca una acelerada descapitalización en las mipymes.
