Washington. Decenas de activistas se reunieron hoy frente a las oficinas de distintos legisladores de Estados Unidos para protestar por el posible efecto devastador de la reforma fiscal que actualmente negocian los republicanos en el Congreso para la economía de Puerto Rico.

Según los borradores que ahora manejan los conservadores sobre la reforma tributaria, las empresas estadounidenses internacionales podrían tener que pagar unos aranceles de hasta un 20% más para mantener sus negocios en la isla, lo cual podría provocar una retirada masiva de la inversión.

La coalición #Power4PuertoRico formó hoy grupos de protesta frente a las oficinas del senador republicano por Florida Marco Rubio; del también senador republicano Orrin Hatch, involucrado directamente en la reforma fiscal; y del presidente de la Cámara de Representantes, el igualmente conservador Paul Ryan.

Con pancartas y hojas informativas sobre el posible impacto devastador sobre una ya mermada economía puertorriqueña, los activistas tratan así de llevar la problemática del Estado Libre Asociado de EE.UU. a los pasillos del Congreso.

Según explicó a Efe Federico de Jesús, portavoz y co-fundador de la plataforma BoricuActivate, un impuesto del 20% sobre los bienes manufacturados en Puerto Rico “devastarían lo que queda de la economía local y causaría la pérdida de aproximadamente 250.000 empleos».

“Sería como un tercer huracán para los puertorriqueños”, insistió De Jesús, en referencia a la crisis económica y la gran deuda a la que hace frente la isla desde hace años y a las consecuencias del huracanes Irma y María, que arrasaron Puerto Rico hace unos meses. De Jesús sostiene que la producción vinculada a la manufactura supone aproximadamente la mitad del Producto Interior Bruto (PIB) de Puerto Rico, mientras que las aportaciones a sus arcas por parte de estas grandes compañías que podrían decidir poner fin a sus negocios allá, suponen alrededor de un cuarto del presupuesto.

“Nos están tratando como a cualquier otro país extranjero, y no, somos más de 5 millones de puertorriqueños, ciudadanos estadounidenses”, reclamó el activista en alusión a los intentos republicanos de crear una economía más aislacionista y proteccionista en términos domésticos.

Precisamente, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, el senador Rubio y varios alcaldes locales se reunieron este miércoles para discutir los efectos que tendría la propuesta de reforma fiscal en la economía puertorriqueña.

Con una deuda de más de 70.000 millones de dólares, la llegada del huracán María en septiembre pasado agudizó la profunda crisis de la isla, ante la que el Gobierno de Donald Trump no reaccionó de forma inmediata y resolutiva, según demandaron varias autoridades locales.