La Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (BINUH, en sus siglas en francés) y la Embajada de Canadá en Puerto Príncipe fueron este lunes escenario de las protestas que desde hace meses se suceden cada día en las calles de este país.

Después de que el viernes pasado el Consejo de Seguridad de la ONU adoptara por unanimidad una resolución que impone sanciones y el embargo de armas a las bandas que dominan partes de la capital y bloquean el suministro de combustible y otros productos básicos, cientos de personas se echaron a la calle para mostrar su rechazo a una eventual intervención extranjera en Haití.

“Libertad, independencia SÍ, Invasión NO”, “No a la invasión de Haití” y “Libertad o muerte” eran algunos de los lemas que podían leerse en los carteles que portaban los manifestantes, quienes ondeaban banderas de Rusia en señal de apoyo a este país y en protesta contra los que se plantean una eventual intervención. Subidos al techo de vehículos y entre neumáticos ardiendo, algunos de los participantes en la protesta increparon a los policías que protegían la legación canadiense y la BINUH.

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El pasado 7 de octubre, el primer ministro haitiano, Ariel Henry, pidió el apoyo de una fuerza armada internacional para asegurar el libre movimiento de agua, combustible y material médico en un país paralizado y que sufre un brote de cólera.

Dos días después, el secretario general de la ONU, António Guterres, propuso el envío de una “fuerza de acción rápida” con militares de uno o varios países para ayudar al Gobierno a recuperar el control de Puerto Príncipe de las bandas armadas.

El bloqueo de carburante por parte de estos grupos mantiene paralizado el país y no permite la producción y distribución de agua potable, esencial ante el cólera que, según los últimos datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ya ha causado 37 muertes de un total de 123 casos confirmados.