MADRID. AFP. Entre 1.2 y 2 millones de personas inundaron ayer por la tarde el centro de Madrid para pedir al gobierno español la retirada de la ampliación de la ley del aborto, en la segunda manifestación de este tipo en un año apoyada por los conservadores y la iglesia Católica.

Entre 1.2 millones de personas, según el gobierno de la región de Madrid, y 2 millones, según las diversas organizaciones antiabortistas convocantes, ocuparon la céntrica calle Alcalá desde la Puerta del Sol, pasando por la Plaza de Cibeles, hasta la Puerta de Alcalá.

«Demandamos del gobierno y de todas las fuerzas políticas la retirada del anteproyecto de ley del aborto», reclamaron las organizaciones en un manifiesto leído al final del acto.

Bajo el lema «Cada vida importa. Madrid 2009 Capital of life», personas de todas las edades que viajaron desde varios lugares del país convocadas principalmente por el Foro de la Familia y Derecho a Vivir, participaron en una festiva marcha que contó con el apoyo de la iglesia Católica y el conservador Partido Popular (PP).

La ley de ampliación del aborto fue aprobada en septiembre por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y actualmente está en estudio en el Congreso de los Diputados, cuya aprobación es necesaria para que entre en vigor.

La nueva ley contempla que el aborto sea libre hasta la decimocuarta semana de embarazo, un plazo mayor que en algunos países europeos, y que se autorice hasta la 22ª semana si hay riesgo para la salud de la madre o malformación del feto.

Después de la 22ª semana se podrá abortar si se detecta una enfermedad grave e incurable en el feto.

Además, las jóvenes entre 16 y 18 años podrán interrumpir un embarazo sin el consentimiento de los padres, lo que ha provocado una gran polémica y ha hecho caer el apoyo de la población a la reforma.

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Ley vigente

La actual ley está en vigor desde 1985 y permite abortar durante las primeras 12 semanas por violación, por malformación del feto durante las primeras 22 y sin un límite en caso de «peligro para la salud física o psíquica de la madre».  Los organizadores «privaría a la mujer del derecho a la maternidad» y aumentaría el número de abortos, acusaron al gobierno de imponer de forma «obligatoria  su «ideología de género».