Lima.- Centenares de manifestantes reanudaron el jueves, luego de una tregua de 100 días, las marchas de protesta contra la concesión de peajes en una carretera construida en el norte de Lima por la brasileña Odebrecht, firma procesada por corrupción.

«Pedimos el retiro del peaje y la nulidad del contrato (de concesión) con (la empresa) Rutas de Lima, que se anule todo», indicó a periodistas el dirigente Jesús Zambrano durante la masiva marcha, que llevaba a la cabeza un ataúd con el nombre de Odebrecht. La protesta en la carretera Panamericana Norte fue custodiada por unos 2.000 policías.
Las protestas convocadas por el Frente de Defensa de los Intereses de los Pueblos de Lima Norte, se reactivaron a pesar de que en enero la municipalidad de Lima anunció el retiro del peaje y el fin del cobro en el tramo donde se encuentra el populoso distrito de Puente Piedra.

Los manifestantes piden, ahora el retiro de la concesión y una vía paralela para acceder a la localidad de Puente Piedra, vecina a la carretera. «Se retiró la caseta de peaje en dirección Sur-Norte y no volverá a ser habilitada. La nulidad del contrato de concesión es mucho más complejo. En Perú existe estabilidad jurídica», dijo el gerente de inversión privada del municipio limeño, Jaime Villafuerte.

Los pobladores de los populosos barrios del norte de Lima se levantaron en enero exigiendo la eliminación de un peaje que los obligaba a pagar cinco soles (1,50 dólares) cada vez que entraban y salían en sus vehículos de la zona. En esa ocasión, la población incendió las casetas de peaje.
Odebrecht, investigada por pagar sobornos a cambio de licitaciones de obras, ganó la concesión para remozar y administrar 115 km de las principales autopistas de la capital, bajo el nombre de Rutas de Lima.

La Procuraduría ha denunciado penalmente a la compañía, por presunto pago de sobornos para hacerse de la obra.

En 2016, Odebrecht vendió el control del 57% de la concesión a la gestora Brookfield, y conservó el 25%. El 18% es manejado por la firma Sigma.
Odebrecht ha reconocido el pago de sobornos en Perú por 29 millones de dólares para ganar licitaciones entre 2005 y 2014.