Por Fabio Castro
QUITO, Abr 18 (AFP) – Las protestas que reclaman la renuncia del presidente Lucio Gutiérrez, que hasta ahora se habían limitado a Quito, se extienden a otras regiones de Ecuador, en particular la influyente Guayaquil, un día después de que el Congreso declarara vacante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Tras cinco días de fuertes protestas en la capital -habitada por unos dos millones de personas- incluyendo cacerolazos y pedreas, las provincias costeras, con Guayaquil en cabeza, se suman al descontento popular contra el presidente.

Estas nuevas movilizaciones se producen menos de 24 horas después de que el Congreso declarara la vacancia de la CSJ, cuyos 31 magistrados habían sido nombrados el 8 de diciembre pasado por el propio Legislativo, en un hecho que generó las protestas de la oposición.

El interrogante que planea este lunes en Ecuador es si esta decisión permitirá revertir una sentencia de la CSJ del pasado 31 de marzo que exculpó a los ex presidentes Abdalá Bucaram y Gustavo Noboa y al ex vicepresidente Alberto Dahik de cargos de corrupción, lo que les permitió regresar desde los países donde se refugiaron para eludir los cargos.

La oposición había pedido con insistencia la caída de la Corte, y una vez conseguido el objetivo, la dinámica del descontento ha llevado a un clamor político cada vez más grande que reclama la renuncia del presidente.

Es en ese contexto que el alcalde del puerto de Guayaquil, Jaime Nebot, dos veces candidato presidencial, se sumó a las protestas luego de que la semana pasada rehusó apoyar las que organizaron en Quito los sectores de oposición.

Nebot explicó que la marcha que presidirá en Guayaquil -polo económico de Ecuador, con unos 2,2 millones de personas- buscará mostrar al mandatario la insatisfacción de la ciudadanía por el incumplimiento en planes de mejoramiento social y económico.

«Ya estamos cansados de que nos engañe», dijo Nebot este lunes.

Los empresarios de Guayaquil, por su parte, han anunciado que harán parte de las marchas y expresaron su disgusto por la cancelación de la visita del presidente de Chile, Ricardo Lagos, que debía comenzar en la noche del lunes.

«Eso nos perjudicó porque Lagos iba a reunirse con empresarios ecuatorianos», dijo César Rhon, presidente de la Cámara de Pesquería de Guayaquil.

Las marchas, que se anuncian pacíficas, no solo ocurrirán en Guayaquil sino también en otras ciudades del litoral pacífico como Machala, Portoviejo y Babahoyo y la andina Cuenca.

Carlos Falquez, alcalde de Machala -conocida como la capital mundial del banano- dijo a la AFP: «Vamos a marchar en rechazo a la dictadura de Gutiérrez».

Paúl Carrasco, prefecto de la sureña provincia de Azuay, capital Cuenca, celebró la anulación por el Legislativo de la resolución que en diciembre pasado integró la Corte Suprema de Justicia «de facto».

«La lucha tiene que continuar hasta que renuncie de la Presidencia Lucio Gutiérrez», dijo.

En la sureña provincia de Manabí, cuya capital es Portoviejo, anunció que se sumará a las caravanas motorizadas de protesta contra el Jefe del Estado para mostrarle que quieren «una solución constitucional a la crisis político-jurídica del país».

En declaraciones formuladas este lunes a la radio colombiana Caracol, el presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez dijo que no renunciará a su cargo y señaló que las protestas en su contra son promovidas «por una minoría» que ha visto afectados sus privilegios.

Gutiérrez dijo que las protestas son financiadas por grandes empresarios que antes de su llegada al poder no pagaban impuestos y que se sienten afectados por las políticas de su gobierno.

«Ellos no pagaban, especialmente el impuesto a la renta y ahora, como han visto afectados sus intereses, protestan», señaló el mandatario ecuatoriano.

En Quito, entretanto, la situación era de tensa calma y prácticamente habían desaparecido los mitines y protestas, aunque éstos podrían presentarse de manera espontánea, como ha ocurrido en días previos.

El Palacio de Carondelet, sede del gobierno de Gutiérrez, permanecía protegido por un impresionante operativo de seguridad en el que participa casi un millar de soldados y policías.

También mallas metálicas y «serpentinas de guerra» (alambre de púas) han sido regados en abundancia en las esquinas a cinco cuadras del edificio presidencial para impedir el paso de peatones y vehículos.

La sede de la CSJ permanece resguardada por la Policía, que no permite el ingreso de ninguna persona a la edificación.