Hoy 
POR LEONORA RAMÍREZ S.
La ocupación de la gerencia del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) en Barahona por parte de miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), es el último incidente en la cadena de protestas de militantes peledeístas que procuran empleos en la administración pública.
El hecho, ocurrido el viernes pasado, es el octavo incidente que protagonizan los peledeístas desde que el presidente Leonel Fernández asumió la primera magistratura el 16 de agosto del 2004.
Las inconformidades comenzaron como protestas aisladas en San Juan de la Maguana, San Cristóbal, Neiba, Santo Domingo y Barahona, pero llegaron a las estructuras más altas del PLD, teniendo como voceros a Luis Inchausti, miembro del Comité Central, y al senador José Tomás Pérez.
La primera piedra de los disgustos se lanzó hacia el Centro de Gastroenterología, ubicado en el hospital Luis E. Aybar, donde el 20 de octubre alrededor de 40 dirigentes peledeístas irrumpieron en el mismo y destruyeron parte de su mobiliario, en demanda de empleos.
La dirección del PLD condenó el hecho, pero esa amonestación no valió para frenar a la turba que el 30 de octubre, también en Barahona, sacó a la fuerza (armada de tubos y machetes) a los empleados de la Oficina de Administración de Areas Protegidas del municipio de Cabral.
Los miembros del PLD comenzaron a perder la calma desde finales de agosto, a menos de dos semanas de que Fernández tomara por segunda vez las riendas del gobierno, cuando los nombramientos no satisfacían las expectativas de, una mayoría, a la que se le abrió las puertas del partido después de la derrota de Danilo Medina como candidato presidencial del mismo.
El PLD ganó los comicios del 16 de mayo del 2004 con 2,063.871 sufragios, lo cual representó el 57% de los votos emitidos, sumándose aliados como el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), el Partido Alianza por la Democracia (APD), el Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD), el Partido Unión Demócrata Cristiana (UDC), el Partido Liberal la Estructura, y la Fuerza Nacional Progresista (FNP).
ENFRENTAMIENTO ENTRE DIRIGENTES
La pólvora detonó en las altas instancias del PLD cuando Inchausti, secretario de Estado sin Cartera, congregó a miles de peledeístas en el estadio de La Normal, pra exigir empleos y la vuelta a la institucionalidad del partido.
Reinaldo Pared Pérez, secretario general de la organización política, declaró que, con sus reclamos, éste se colocaba al margen de los cánones de la misma.
Inchausti, quien en el primer período de Fernández (1996-2000) dirigió el Programa Eventual Mínimo de Empleos (PEME) por cuyas alegadas irregularidades fue sometido a la justicia, acusa a Danilo Medina, secretario de la Presidencia, de favorecer con puestos a dirigentes que tienen aspiraciones para los comicios municipales y congresionales del 2006.
Pero al clamor de Inchausti se sumó el senador José Tomás Pérez, quien consideró que los compañeros de la base están siendo excluidos de las designaciones en la administración pública.
Ayer, el Comité Político del PLD se reunió en un hotel de Juan Dolio, en la región Este, supuestamente para discutir las demandas de empleos, y para analizar las consecuencias de la actividad realizada por Inchasti.
CRISIS Y EMPLEOS
El diputado Lidio Cadet, quien dirige la Comisión de Empleos del PLD, creada precisamente para mitigar los exacerbados ánimos de los miembros del partido morado, dijo que aspiran a que en diciembre se hayan nombrado 50 mil «compañeros» en las distintas oficinas gubernamentales.
Hasta el 31 de octubre sólo se habían designado alrededor de 10 mil miembros de la entidad política, según Cadet.
El reclamo de los peledísta, poco dados a las confrontaciones públicas y a los desórdenes, ocurre en un momento en que el gobierno tiene que cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) relacionadas con el control de los gastos públicos.
El organismo demanda la reducción del déficit fiscal, que asciende a RD$9,000 millones, para firmar un acuerdo Stand By con el país, mediante el cual se desembolsarán aproximadamente US$1,000 millones a través de éste y de otras entidades multilaterales.
Aunque Fernández ha sido cauto con el tema de los empleos, de hecho ha reiterado que «no todo el mundo puede ser nombrado en la administración pública», el miércoles instruyó el nombramiento de 100 presidentes de comités provinciales como ayudantes civiles de la Presidencia.
Con esa decisión se estima que el Mandatario quedó atrapado en las redes de los compromisos políticos, ya que un su discurso de toma de posesión anunció la reducción de la nómina pública, y durante la campaña electoral criticó la excesiva matrícula de ayudantes civiles al servicio del expresidente Hipólito Mejía.
