En tres décadas de gobiernos civiles en América Latina, las protestas sociales han motivado diversas lecturas políticas. Se estiman positivas porque reflejan el deseo de cambio de distintos segmentos poblacionales, pero también se perciben desestabilizadoras.

A principios de los años 80 dominó la idea de que la proliferación de protestas sociales ponía en peligro las incipientes democracias latinoamericanas. Al llegar los 90, la visión catastrófica se diluyó.

Países como Bolivia y Ecuador fueron testigos de amplias movilizaciones que no condujeron al fin de la democracia, sino al surgimiento de gobiernos de orientación de izquierda dentro del marco electoral, no obstante las turbulencias políticas. En México, el alzamiento zapatista se produjo y mantuvo en medio de la estructura política existente de gobiernos electos.

En República Dominicana, donde no hay tradición de fuertes movimientos sociales sino de revueltas esporádicas de grupos barriales y gremios de choferes o profesionales, también ha predominado la visión de que las protestas constituyen un riesgo para la estabilidad democrática.

Los gobiernos utilizan este argumento para amedrentar a la población, y la oposición para señalar que la democracia bajo el gobierno existente (cualquiera que sea), funciona mal.

Ambas visiones son oportunistas y contribuyen a que en República Dominicana las protestas sean definidas como antagónicas a la democracia, o inapropiadas para el buen funcionamiento del sistema democrático.

Las protestas sociales son legítimas en una democracia y se espera que ayuden a mejorarla. Permiten expresar descontentos y presionar a los gobernantes para que atiendan las necesidades de distintos segmentos sociales.

El problema con las movilizaciones dominicanas es la forma desarticulada y esporádica en que ocurren, y la dificultad de los grupos que protestan para concitar aliados confiables. Como resultado, las protestas casi nunca conducen a soluciones reales y duraderas.

Muchas expresan las necesidades sentidas de la población, pero los organizadores carecen de mecanismos para presionar con efectividad a las autoridades, porque las organizaciones sociales son débiles y los partidos políticos no son buenos interlocutores.

Por eso es fácil para los gobiernos dominicanos tomar algunas medidas analgésicas, o ninguna, y esperar que la ola de protestas se diluya sin asumir la responsabilidad de resolver los problemas.

En las últimas tres décadas el patrón de movilizaciones en República Dominicana muestra que las protestas aumentan en tiempos no electorales y disminuyen cuando los procesos electorales arropan la vida política del país.

La razón es que en períodos no electorales se crea una especia de “vacío político” que es propicio para la movilización como forma de expresar insatisfacciones. Por eso ha habido tantas protestas en el 2009.

Para contrarrestar la activación social en este año no electoral, el gobierno patrocinó la Cumbre de las Fuerzas Vivas que tuvo como objetivo principal llenar el vacío político y contener las movilizaciones. Pero en la Cumbre participaron fundamentalmente segmentos de la élite socio-política sin fuertes vínculos con los sectores populares, lo que la hizo inefectiva para desarticular las protestas por un tiempo relativamente largo.

Posteriormente, el presidente Leonel Fernández realizó visitas a los pueblos para escuchar a la gente, y eso tampoco tuvo un efecto de largo alcance para diluir la oleada de movilizaciones.

Ante la creciente activación social, el gobierno se encubre acusando a la oposición de provocar las protestas, o identifica otros factores como el narcotráfico.

La situación, sin embargo, es que mientras los servicios públicos sigan siendo tan deficientes y no se inicie el proceso electoral que sirve para ampliar la oferta clientelista del gobierno y de los partidos, las protestas sociales continuarán llenando los vacíos políticos.