Protestas van a Palacio desde el sur y el norte

Protestas van a Palacio desde el sur y el norte

Decenas de personas agrupadas en el Comité de Defensa Desalojados por la Construcción de la Presa de Monte Grande, al sur de República Dominicana, reclamaron frente al Palacio Nacional la intervención urgente del gobierno, para la entrega de tierra para producir, asentamiento digno y pago de deudas a desalojados para dar paso a obra.

Mientras, moradores de comunidades de Cotuí reclamaron en el mismo escenario ser trasladados de la zona debido a que los efectos de la minera Barrick Gold los mata a plazo y podrían ser borrados ante cualquier desplome del muro de la presa.

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Los moradores de Monte Grande, San Juan, protesta frente al palacio Nacional exigiendo ser reubicados,

Desde cuatro comunidades de los alrededores de Monte Grande, decenas de personas llegaron al lugar a media mañana, con una carta dirigida al presidente Luis Abinader, en la que más de más de 400 familias desalojados solicitan su urgente intervención para que el gobierno cumpla los compromisos asumidos.

Recordaron que en enero de 2023, se firmó un acuerdo entre el comité y el gobierno; con el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDHRI) ingeniero Olmedo Caba, el director del Instituto Agrario Dominicano (IAD) ingeniero Francisco Guillermo García; La ingeniera Marcia Sánchez y el ingeniero Carlos Javier, en representación del proyecto múltiple Monte.

Como testigos firmaron el padre Marco Antonio Pérez, por la Diócesis de Barahona, Bienvenido Mejía, Manuel Pérez, Fernando Peña, Dionisio Mejía y Rafael Durán, representando organizaciones de la sociedad civil y consultoras del proyecto Monte Grande.

Se establece que a marzo del 2023, el gobierno le entregaría a las familias desalojadas 30 tareas de tierra a cada una; 10 con sistemas de riego por goteo cerca del centro poblado y 20 con riego convencional en Guanarate, construyendo un puente cajón para pasar el río desde el centro poblado.

Pagar 300 millones de pesos por los daños ocasionados en los cultivos; autorizar que en terrenos que se pueda seguir cultivando, los productores lo sigan sembrando y al momento de llenar el vaso de la presa evaluar las plantaciones y realizar los pagos correspondientes.

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