Este informe se refiere a la cuantificación de la acción colectiva registrada en el país durante el trimestre enero/marzo del año en curso, así como a las demandas y la tipología de los conflictos en los cuales se enmarca, producida por la inconformidad de sectores poblacionales, el reclamo de derechos y las demandas socioeconómicas, políticas y culturales insatisfechas contra entidades gubernamentales y del sector privado.

Número de protestas por provincia. Durante el trimestre enero/marzo de 2015, el país registró 264 protestas. En enero se produjeron 75 manifestaciones, mientras que en febrero aumentaron a 108 y en marzo la cifra se redujo a 84.

En el análisis por provincia de la acción colectiva, se observa que las demarcaciones con mayor cantidad de manifestaciones registradas son el Distrito Nacional (88), en Santiago (42), Santo Domingo (27), Duarte (19) y Barahona (12). De igual forma, aquellas en las que no se produjeron protestas durante el período observado fueron Elías Piña, Hermanas Mirabal, San Pedro de Macorís y Santiago Rodríguez.

Demandas sociales. En enero, las principales demandas se presentaron en el Gran Santo Domingo, las cuales se encuentran agrupadas en el cuadro siguiente, según la tipología del conflicto, establecida por De la Cuadra (2007).

Estas demandas sociales constituyen el vehículo que conduce a las protestas de los sectores inconformes e indignados. La diversidad de actores que conforman la estructura de la acción colectiva en el país no es más que la constancia en las luchas que año tras año se realizan por las casi siempre, mismas demandas. La identificación de los problemas y las demandas insatisfechas generan mecanismos de confrontación y negociación con los actores involucrados en la solución de necesidades.

Según el cuadro anterior, en febrero se registraron los mismos tipos de conflictos sectorial y laboral por las mismas demandas, al igual en marzo. Ello evidencia la insatisfacción de los actores con el paso del tiempo, resultando ser un medidor del incumplimiento de las autoridades.

Las demandas sectoriales se mantuvieron en primer lugar durante el trimestre, al igual que en años anteriores, en reclamo de obras de infraestructura, agua potable y servicio de energía eléctrica.

En los conflictos laborales los reclamos obedecieron a cancelaciones y reposición de empleados, destituciones y renuncias de funcionarios, pagos atrasados, nombramientos, asignación y aumento de pensiones, entre otros.

En los conflictos socio-ambientales las demandas se registraron por la declaración de Loma Miranda como Parque Nacional y contra las instalaciones de empresas, el uso de carbón mineral, la contaminación de empresas, la extración de materiales de construcción, de los ríos; los desalojos arbitrarios, los daños ocasionados a ríos, valles y árboles y a favor de organización territorial, entre otros.

Las manifestaciones de corte legal se concentraron en la situación domínico-haitiana, con puntos referentes a entrega de pasaportes, contra la migración, entrega de documentos, contra fallos judiciales y justicia por muertes, mientras que los vinculados a la violación de derechos humanos centraron su atención contra todo tipo de violencia: a ciudadanos haitianos, maltratos a reclusos, agresiones verbales, terrorismo de extremistas a la revista Charlie Hebdo, en París, y el reclamo al Gobierno de México por los 43 jóvenes normalistas desaparecidos en Guerrero.

La Unidad de Sociedad Civil del Observatorio Político Dominicano (OPD), una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), da seguimiento a la acción colectiva a través de la recolección y sistematización de datos, que se realiza de manera contínua en medios de comunicación impresos y digitales.

(Ver trabajo completo en www.opd.org.do)

Diuris Betances. Investigadora de La Unidad de Sociedad Civil del Observatorio Político Dominicano (OPD-FUNGLODE)