El inciso 7 del artículo 8 de la Constitución consigna la libertad de asociación y reunión con fines pacíficos, siempre que esas juntas no sean contrarias ni atentatorias al orden público, la seguridad nacional y las buenas costumbres. Ese mandato constitucional es irrespetado constantemente por los gobiernos.

Desde 1964 el Triunvirato de Donald J. Reid Cabral, para impedir el derecho a la protesta reglamentó que la Secretaría de Interior o la Jefatura de la Policía pudiera prohibir los mítines, marchas y reuniones, o cambiar el lugar donde los ciudadanos quieren realizar sus reclamos.

Desde entonces ese reglamento ha sido aplicado en contra de los gobernados, aunque los que ahora gobiernan criticaban la cortapisa al ejercicio de un derecho fundamental cuando estaban fuera del poder.

Las marchas, paros, mítines, no deben ser prohibidos ni impedidos porque tal prohibición es inconstitucional, pero, además, es una muestra de debilidad, de negación al diálogo y a la concertación.

Quienes protestan ejercen un derecho inalienable, quieren llamar la atención sobre algún tipo de problema, los reclamos no son porque el aire es gratis, siempre tienen una razón válida para los que participan de ellas.

Si se quiere llamar la atención y las autoridades son más imaginativas y respetuosas de los derechos constitucionales, las marchas por encima de las aceras no entorpecen el orden, los mítines en parques, estadios, plazas, no dañan a nadie. Esas protestas deben ser protegidas por las autoridades.

Por supuesto, si la protesta se realiza rompiendo vitrinas de negocios, ventanas y carrocerías de automóviles, impidiendo el tránsito, arrojando piedras y otros objetos contundentes, realizando disparos, en esos casos las autoridades deben ejercer la represión contra quienes violen el orden público y dañen personas o propiedades, hasta ahí estamos de acuerdo.

¿Es que acaso quienes gobiernan pierden la perspectiva de lo que ocurre en el país y olvidan que el ejercicio de los derechos es un privilegio que nadie que se respete resigna ante ninguna autoridad?

Que los médicos quieren llamar la atención sobre las condiciones salariales es un derecho que les asiste.

Ninguna autoridad tiene calidad para impedirlo, si los médicos no violan el orden público, la seguridad nacional y las buenas costumbres.

Ante los reiteraros atropellos a médicos, médicas y personal del sistema de salud hay que preguntarse: ¿volvimos a los tiempos en que se calificó la Constitución como un pedazo de papel?

¿Por qué somos tan permisivos, por qué callamos ante las violaciones a los derechos constitucionales individuales y colectivos?