Ahora que la nación está envuelta en un proceso para darse una nueva constitución la circunstancia es propicia para replantear lo conveniente que sería para el desarrollo institucional y democrático que se limitara siquiera por un par de décadas el continuismo reeleccionista.

Se trata, desde luego, de un ejercicio casi académico, una apelación a las conciencias más lúcidas de la nación, porque no hay razón para dudar que una vez más el interés continuista estará por encima de toda consideración en la mayoría de los asambleistas constituyentes.

En una alta proporción los asambleistas proceden de una escuela política que bregó durante décadas por establecer límites al continuismo presidencial. En el 2002 la mayoría perredeista renegó del antireeleccionismo que habían convertido en principio fundamental del partido. Todavía entonces, vergonzante e hipócritamente, los peledeístas se oponían al restablecimiento de la reelección presidencial que soñara el presidente Hipólito Mejía y sus partidarios y que ellos acariciaron en el período 1996-2000, pero no pudieron reunir la mayoría necesaria para reformar la Constitución.

Desde la campaña electoral del 2004 el presidente Leonel Fernández se mostró abiertamente partidario del modelo norteamericano que permite una reelección, sin posibilidad de retornar al poder. Pero al redactar el proyecto de nueva Constitución que conoce la Asamblea Nacional decidió ser más generoso, contraviniendo no sólo sus propios postulados, sino también la consulta y la propuesta de la comisión de expertos que él mismo había auspiciado. Como resultado se establece que el presidente de la República, después de una reelección,  podrá otra vez ser candidato tras un período de alternabilidad. Y volver cuantas veces quiera y pueda por dos períodos consecutivos.   

En el proyecto de reforma subyace el  interés de que el doctor Fernández pueda repostularse en el 2012 y el 2016, tras proclamarse la nueva Constitución. Lo único que lo impediría sería un artículo transitorio que haga contar los dos períodos consecutivos que ya agota el actual mandatario, prohibiéndole expresamente su repostulación en las próximas elecciones presidenciales. Pero ya altos funcionarios y dirigentes del partido en el poder han adelantado que tal transitoriedad es innecesaria o improcedente, obviamente para dejar abiertas de par en par las puertas al continuismo.

Como es constante histórica en el país, estamos ante un nuevo fenómeno providencialista, aún en un partido de tantos políticos con luces y  capacidades. Pedro Santana, Buenaventura Báez, Ulises Hereaux, en el primer siglo de la República. Horacio Vásquez, Rafael Trujillo y Joaquín Balaguer en el segundo, y ya tendemos un fuerte candidato en la primera década del tercero.

Dada la debilidad institucional de la nación, es obvio que el providencialismo continuista ha sido una rémora y lo seguirá siendo porque es evidente que ya los segundos períodos implican un relajamiento de los preceptos democráticos, una multiplicación de la corrupción y un mayor usufructo del poder del Estado para prolongarse en el mismo.  Este país necesita siquiera un par de décadas de alternabilidad, que los presidentes gobiernen en función del período para el que fueron electos y no en aras de su continuidad.

Es lo que impide, por ejemplo,  que inviertan en educación, porque los frutos no se cosechan en 4 años. Destinan los recursos a obras que puedan enarbolarse como signo del progreso material para reclamar la necesidad de su prolongación en el poder.

Lo mismo ocurre con las instituciones, que hay que debilitar y manipular para reinar, con las conciencias que hay que comprar para multiplicar clientelas, con todo el patrimonio nacional que hay que subordinar al interés continuista.

Ya que parece imposible que prohibamos una reelección, como se establece en la actual Constitución, por lo menos deberíamos alentar la esperanza de que los asambleistas reciban un baño de luz divina y dejen la fórmula actual de una reelección y jamás volver a ser candidato.