Una nueva iniciativa legislativa que busca frenar la corrupción en la administración pública fue presentada ayer por el diputado Cristóbal Castillo, quien argumentó que de ser acogida, los imputados por este delito podrían ser condenados a  penas de hasta  10 años de prisión.

El representante legislativo por Hato Mayor explicó que el proyecto contempla la creación de una Jurisdicción Nacional Anticorrupción, que tendrá la competencia exclusiva de conocer y juzgar los hechos cometidos por funcionarios públicos en esta materia. Esta jurisdicción estaría integrada por un juez de instrucción, un tribunal de primera instancia y una corte de apelación anticorrupción.

Asimismo, el proyecto de ley  estipula la  derogación del decreto número  322-97, del 24 de julio de 1997, que crea el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa y  cualquier otra ley o disposición legal que le sea contraria.

 La iniciativa  fue depositada ante la secretaría general de la Cámara de Diputados.