POR GERMAN MARTE
La Cámara de Diputados se convirtió ayer en un “ring”, donde  peledeístas, reformistas y perredeístas se enfrentaron (verbalmente) “a diestra y siniestra”; los primeros en contra y los otros a favor de un proyecto que busca legalizar la venta de más de 14 millones de metros cuadrados del empobrecido municipio de Sabana Grande de Boyá, en Monte Plata, a la familia Rizek.

Los terrenos equivalentes a 22,796 tareas fueron vendidos por el Consejo Estatal del Azúcar a la compañía Gestiones Rodajes y/o Salomón Rizek Llavaly por un valor de  RD$36,474,992, de modo que cada metro cuadrado fue cotizado a dos pesos con 54 centavos.

 Mientras el bloque del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) califica la venta de los terrenos como una estafa contra el Estado, los del Partido Revolucionario Dominicano (PRD, igual que los del Reformista Social Cristiano (PRSC) asumieron una defensa vehemente de la decisión.

Durante casi tres horas, los miembros de la Cámara Baja que ayer asistieron a su vigésima sesión del año, argumentaron en pro y en contra del contrato que ya fue aprobado por el Senado el 24 de junio del 2006, y que fue depositado en la Cámara de Diputados un mes después.

Luego de intensos y acalorados debates en el que no faltaron acusaciones y contraacusaciones, el proyecto no pudo ser aprobado ni rechazado, dado que cuando fue sometido a votación no obtuvo la cantidad de votos necesarios. La sesión fue levantada a las 3:30 de la tarde, cuando ya no reunía el quórum reglamentario.

EL DEBATE 

El primero en tomar la palabra para defender ardorosamente la venta de los terrenos a la familia Rizek  fue el reformista Mario Fernández Saviñón. En su amplia exposición, el legislador destacó las bondades del proyecto comparado con la pobreza del suelo que según su versión tiene poca vocación agrícola y si es propicio para fincas agroforestales como la que están interesados en desarrollar la familia Rizek.

A seguidas, el diputado Radhamés Fortuna, del PLD, la emprendió contra el proyecto y afirmó que los terrenos estaban subvaluados, por lo que su venta lesionaba el interés del Estado.

Asimismo, su compañero de partido Alfredo Martínez calificó la venta como una estafa “sólo comparable con el fraude de Baninter”.

Entretanto, el diputado Angel Acosta manifestó que los políticos se habían repartido las tierras del CEA como un botín. Acosta, quien es ingeniero civil, explicó que el poblado de Sabana Grande de Boyá cabe diez veces en los terrenos que se les quiere vender a los Rizek.

A su vez, el vicevocero del bloque del PLD, Juan Quiñones, recalcó que su partido rechazaba el proyecto de venta.