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Qué pasará con el proyecto de ley de los senadores peledeístas Tommy Galán y Julio César Valentín sobre la racionalización del gasto público presentado en momentos en que diferentes sectores piden al Gobierno un uso más adecuado de los recursos?
El proyecto de Ley de Racionalización del Gasto Público contempla la eliminación de los gastos de representación mediante el uso de tarjeta de crédito de los funcionarios, salvo el presidente y vicepresidente de la República, así como los titulares de los poderes Legislativo y Judicial.
Con la aprobación del proyecto se reducirían los gastos del año para el uso de combustibles y sus derivados para los vehículos de los funcionarios.
De acuerdo con el proyecto de ley, ningún funcionario no percibirá remuneración ni compensación alguna por su participación en consejos o juntas.
Establece que ningún funcionario podrá recibir una renumeración mensual mayor que el presidente de la República.
El proyecto consigna que las instituciones públicas establecerán medidas para ahorrar o reducir los niveles de consumo de energía, agua potable, lavandería, limpieza y residuos sólidos.
Establece escalas para la compra de los vehículos en las instituciones públicas y fija montos específicos en la escala salarial y los gastos de viajes al exterior, tanto para los pasajes como para los viáticos.
Prohíbe el traspaso de recursos destinados a gastos de capital a gastos corrientes. No se concederán préstamos a personal alguno con cargo al presupuesto aprobado.
El proyecto de ley prohíbe autorizar el pago de horas extras en las instituciones públicas.
Establece una serie de disposiciones que limitan el uso de los recursos del Estado destinados a los servicios personales, no personales y los gastos en materiales.
Según la iniciativa, en el caso de que se determine que un empleado haya hecho gastos contrarios a las disposiciones establecidas, deberá rembolsar el triple del monto empleado.
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Canasta navideña
1. El proyecto de ley prohíbe la compra y donaciones de canastas navideñas a particulares por las instituciones públicas con cargo a su presupuesto.
2. Según el artículo cuarto, la Contraloría General de la República no autorizará ningún pago para canasta navideña, salvo las raciones alimenticias otorgadas dentro de los programas sociales del Gobierno.
