Hoy 
M. DARÍO CONTRERAS
La unión de voluntades de dos partidos tradicionalmente antagónicos para forjar una alianza electoral ha causado extrañeza, al igual que aprensión, en algunos sectores de la sociedad dominicana. El Partido Revolucionario Dominicano (PRD), color blanco, y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), color rojo, aguijoneados quizás por la pérdida de credibilidad que han sufrido sus respectivos partidos, y por la primacía que ha conquistado el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con la anunciada alianza rosada pretenden mantener su control a nivel legislativo y municipal para contrarrestar una posible dictadura por parte del actual partido en el gobierno. A lo que nos queremos referir en estas líneas, sin embargo, no es tanto a las bondades o vicios de esta alianza, sino al Proyecto de Nación que el PRD y el PRSC pretenden llevar a cabo como mayoría congresual, con la declarada intención de construir una mejor República Dominicana, inspirados en honor de sus líderes máximos, el doctor Joaquín Balaguer y el doctor José Francisco Peña Gómez.
Es bien conocido el clamor nacional para que nuestros principales partidos políticos, en unión con las fuerzas sociales progresistas, se pongan de acuerdo para impulsar una agenda común de nación que nos permita como país atacar una serie de males ancestrales que nos aquejan, como son la pobreza, la desigualdad, la corrupción, el clientelismo, la falta de institucionalidad, la ineficiencia estatal, el centralismo, entre otros. Ya no es posible ni aconsejable, considerando los retos que nos presenta la globalización y la era de la información y de las comunicaciones, continuar cambiando con cada nuevo gobierno las reglas de juego y los planes de desarrollo nacional.
La primera gran meta del Proyecto de Nación comentado es lo de una reforma institucional del Estado Dominicano. El principal escollo para esta reforma lo ha sido, sin duda, el clientelismo político que ha caracterizado a los distintos gobiernos que se han alternado en la conducción del Estado. Para salvar este escollo se necesita la modificación de la actual Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Esta modificación se ha venido discutiendo y consensuando desde el gobierno anterior, e inclusive se ha debatido y concertado más recientemente dentro del espacio del Diálogo Nacional. El actual proyecto de ley modificada se encuentra en manos del Poder Ejecutivo y se la ha llamado Ley de la Función Pública. Pero más importante aún que esta modificación es la Ley General de la Administración Pública que debe anteceder a la de Servicio Civil, que actualmente se encuentra depositada en el Senado desde el gobierno anterior. Paralelamente, se requieren leyes de los Partidos Políticos, de las Primarias, del Financiamiento de los Partidos, así como la reforma de la Ley Electoral, temas que se han discutido amplia y detenidamente, pero todavía no se han tomado las acciones correspondientes para convertirlas en ley.
La adquisición de bienes y servicios por parte del Estado ha sido, sin duda, una de las principales fuentes de enriquecimiento ilícito y de corrupción con que cuentan los que se van a servir de posiciones públicas. La emisión del llamado decreto-puente emitido por el Poder Ejecutivo, como parte de los requisitos del DR-CAFTA, debe ser convertido en ley por el Poder Legislativo, aunque este decreto adolece de serias limitaciones que deben ser corregidas en la nueva legislación. Urge igualmente crear un Sistema de Control de la Gestión Pública y establecer el Presupuesto por Resultados para el Estado Dominicano. Con estos instrumentos seríamos capaces de evaluar el desempeño de las instituciones públicas y sus acciones. Chile nos podría servir de referente en este sentido.
En cuanto a la descentralización, existen proyectos de leyes depositadas en el Congreso Nacional desde el gobierno anterior, como son la Ley General de Ordenamiento Territorial y Descentralización de la Función Pública, Ley Orgánica Municipal, Ley General de Participación Ciudadana, entre otras, cuyo objetivo es la de ampliar y fortalecer la gestión local de los recursos del Estado y la de ordenar y regular la subdivisión político-administrativa del país.
La reforma constitucional ha sido tema de debate y consenso nacional desde el primer gobierno del PLD en 1996, continuando con el pasado gobierno dentro del llamado Diálogo Nacional. Sin embargo, todos estos esfuerzos se han visto desplazados por reformas improvisadas y coyunturales para favorecer a determinadas parcelas políticas. ¿Es qué los mismos partidos que han obstaculizado una reforma constitucional amplia y consensuada ahora dicen que sí van a proponer lo que han impedido en el pasado reciente? ¿Y qué hacer con el famoso Artículo 55 que fortalece la hegemonía del Poder Ejecutivo frente a los otros poderes del Estado?
Pero tan importante como son las normativas que deben regir en un Estado de Derecho y Regulador, es la gran reforma que a lo interno deben propiciar los mismos partidos políticos, pues las instituciones son un reflejo de quienes las manejan. Es preferible un hombre honesto con una mala ley, a una buena ley con un hombre deshonesto. La verdadera reforma se produce de lo interno hacia fuera y no al revés. Ojalá que los partidos firmantes de la Gran Alianza Nacional nos sorprendan, cumpliendo con el compromiso asumido para mejorar a la República Dominicana y a su vez mejorándose ellos mismos como dignos ciudadanos de un país que merece y espera mejor suerte.
La gobernabilidad y el fortalecimiento de las instituciones públicas dominicanas necesitan que los tres poderes del Estado funcionen cada uno como contrapeso del otro. Pero mientras lo pecuniario sea lo que mueva el accionar público, el Poder Ejecutivo tendrá siempre las de ganar por el control que tiene del manejo de los fondos públicos. Que esto no lo pierdan de vista los que pretenden refundir el Estado.
