Hoy 
POR MANASES SEPULVEDA
La Dirección General del Catastro Nacional dijo ayer que el proyecto de Ley de Registro Inmobiliario que cursa en el Senado, el cual pretende fusionar esa entidad con la Suprema Corte de Justicia, si se aprueba, crearía un vacío jurídico porque entonces el alto tribunal sería «juez y parte». Explicó que ese tribunal sería juez y parte, por ser la única institución facultada para realizar avalúos para el pago de impuestos por transferencias y deudas públicas, a causa de expropiaciones hechas por el Estado a través del Poder Ejecutivo.
Esa institución también expresó que en los próximos días reiniciará la expedición de Declaración de Mejoras (cintillo) construidas en terrenos del Estado, las cuales estaban detenidas desde el año 1997, medida que entiende dinamizará la economía y ampliará el inventario físico de los bienes estatales.
En rueda de prensa ayer en la sede de la institución, el director del Catastro, doctor Radhamés Fortuna, dijo que además de que el Estado no tiene otra entidad especializada y adecuada para hacer los avalúos, se le privaría al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas, la base técnica para el cobro de impuestos importantes como el IVSS y otros, la cual dijo ha sido confirmada por la Ley de Reforma Fiscal número 288-04 aprobada recientemente, por lo que el capítulo 6 y el artículo 123 del mencionado proyecto, deben modificarse.
Expresó que el Estado, consciente de la importancia técnica del Catastro y su necesaria actualización tecnológica, suscribió un contrato de préstamo con el Banco Español de Créditos el 15 de enero del año 2000, para potenciar el carácter fiscal de la institución y mejorar los procedimientos catastrales pare brindar mejor servicio a los ciudadanos.
«La Dirección General del Catastro Nacional, en su función de oficina auxiliar para las recaudaciones en materia impositiva, basada en tasaciones inmobiliarias, hoy acrecenta más su importancia para la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar, la Secretaría de Obras Públicas y el Instituto Agrario, en sus planes de asentamientos y titulación de los proyectos campesinos»» explicó Fortuna.
Consideró que de aprobarse como ha sido presentado el proyecto de Ley de Registro Inmobiliario, se lesionaría las prerrogativas del Poder Ejecutivo previstas en la Constitución.
