El Poder Ejecutivo con su derecho a iniciativa de ley, depositó ante el Senado de la República un proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal de las instituciones del Estado, la cual tiene como objeto establecer las condiciones de una prudente, responsable y transparente gestión financiera del Estado dominicano creando reglas para el comportamiento fiscal, con la finalidad de garantizar el desarrollo económico y sostenible.

Las iniciativas de ese tipo se refieren a las regulaciones o medidas que buscan limitar el endeudamiento y/o el gasto excesivo por parte del gobierno. Los proyectos sobre ese tema tienen sus pros y contras los cuales se deben explicar para entender el costo/beneficio que puede tener, como de igual manera la realidad que tiene el Estado dominicano en distintas circunstancias que pueden suceder.

A su favor encontramos que ese tipo de iniciativa:

•  La iniciativa establece un marco de responsabilidad fiscal, donde se fija un control de la deuda pública no supere el 40% del PIB al cierre del ejercicio fiscal del 31 de diciembre de 2035 para mantener un nivel sostenible de deuda. Dicha medida puede evitar riesgos financieros a largo plazo
• Que ese marco de responsabilidad fiscal sólido, puede generar un acceso al financiamiento en condiciones favorables y ayudar a la promoción de la inversión privada, que puede tener efectos positivos en el crecimiento económico

En contra de esta iniciativa legislativa:

• Que establecer una rigidez tan estricta en la gestión fiscal, puede dificultar la capacidad del gobierno para responder con eficacia las situaciones imprevistas (desastres naturales, crisis sanitarias, crisis económicas), esa inflexibilidad restringe al gobierno de implementar medidas necesarias para estimular la economía en momentos de recesión.
• El impacto en los servicios públicos y su infraestructura puede tener un impacto negativo por las medidas restrictivas al gasto primario, por lo que sectores como la salud, la educación y obras públicas pueden sufrir un alto impacto por la economía estrictamente planificada por el Estado bajo los parámetros de una ley de esta envergadura.

Al mencionar sus puntos a favor y contra, no puedo negar que es importante el tema de una disciplina fiscal del gobierno, pero no podemos omitir nuestra realidad económica y buscar la forma de que se pueda garantizar que no se comprometan los servicios públicos esenciales, como también la respuesta que puede tener el gobierno ante situaciones de emergencias como la que puede ocurrir cada año en la temporada ciclónica, o las dificultades que hubiésemos tenido con una rigidez fiscal en medio de la pandemia del COVID-19.

Al proponer un proyecto como el de Responsabilidad Fiscal, el gobierno debe tomar en cuenta las características y la realidad que atañe a la economía nacional. Tampoco puede desconocer las situaciones que generan cierto nivel de incertidumbre dentro del comercio internacional, las políticas financieras y la política internacional, las cuales generan un cierto nivel de impacto a la realidad económica. En verdad se ve muy lindo en el papel esa propuesta de buenas intenciones, pero no está sustentada en una realidad, como también lo impredecible que es el mundo y todo lo que puede ocurrir de 2023 hasta 2035.