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POR LOYDA PEÑA
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, fue apoderado de un proyecto de Ley que procura prevenir la corrupción en todos los ámbitos de la administración pública y en las instituciones que reciban y manejen recursos provenientes del erario público.
El proyecto que crea la Oficina Nacional de Prevención e Investigación de la Corrupción, fue elaborado por el vocero del bloque de diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Agramonte.
En el pasado gobierno también se creó el Departamento de Prevención de la Corrupción, Depreco, pero el primer director renunció porque entendió que no había voluntad política para castigar los corruptos.
Ahora, este proyecto crearía una nueva oficina que estará facultada para realizar, por iniciativa propia o denuncia, investigaciones preliminares en la administración pública respecto de los hechos de corrupción en los términos definidos por la Constitución de la República y por otras convenciones y tratados vigentes.
Cuando haya evidencias de corrupción en los casos investigados, el organismo deberá poner en conocimiento del Ministerio Público tal circunstancia, asumiendo de modo general la representación de los intereses patrimoniales del Estado.
Además, dar fiel seguimiento al caso y prestar apoyo para el desarrollo y profundización de las investigaciones, cuando así lo solicite el fiscal a cargo, con el objetivo de articular acusaciones exitosas en materia de hechos de corrupción.
Otras funciones de dicha oficina serán llevar el registro de las declaraciones juradas de los funcionarios y empleados de la administración pública, contactar su fidelidad y requerir de las instancias judiciales correspondientes y del Ministerio Público, autorización para ejecutar medidas precautorias y provisionales que garanticen el desarrollo de la investigación prelimiar y faciliten poner en resguardo las propiedades del Estado.
Asimismo, someter a la acción de la justicia a las personas que se presumen culpables de obstrucción durante las investigaciones o en la entrega de información solicitada.
El proyecto de ley establece que el organismo tendrá un director general con rango de secretario de Estado, con todas sus atribuciones legales, máximo responsable de la coordinación de las políticas y curso de acción formulado y aplicados.
