Los regidores perredeístas Waldys Taveras y Consuelo Despradel apoderaron a la Sala Capitular del Distrito Nacional de un anteproyecto de ordenanza para que los privilegios en el tránsito se reserven únicamente al presidente y vicepresidente de la República y a los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Suprema Corte de Justicia y se castigue judicialmente a todo funcionario o personas particulares que utilicen sirenas o franqueadores en sus desplazamientos por las calles de la Capital, en detrimento de los demás automovilistas.

También gozarían de tales privilegios el presidente del Tribunal de Garantía Constitucional,  los ministros de la Presidencia e Interior y Policía, el procurador general de la República, el alcalde del Distrito Nacional, el ministro de las Fuerzas Armadas, el jefe de la Policía Nacional, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el director de la Autoridad Metropolitana de Transporte, los presidentes de la Junta Central Electoral  y del Tribunal Electoral durante el periodo electoral y los dignatarios y participantes en eventos internacionales, previa autorización del Concejo Municipal del Distrito Nacional.

En su anteproyecto, ambos regidores destacan que una gran cantidad de funcionarios sin calidades especiales y otros ciudadanos que han sido dotados de franqueadores y agentes de seguridad, detienen el tránsito otorgándoles un privilegio en el tránsito para los vehículos de motor que los transportan, lo que genera un privilegio sobre los demás ciudadanos.

Indicaron que el espíritu de su proyecto de ordenanza es que hay ciudadanos comunes y posibles delincuentes que pueden utilizar a falsos franqueadores que con un chaleco negro o de cualquier institución podrían detener el tránsito y cometer fechorías en las calles de la Capital.

“El uso de sirenas y de franqueadores que pueden resultar falsos y no pertenecen a ninguna institución oficial, se puede prestar para muchas cosas, entre ellas la comisión de crímenes, robos, asaltos u otros crímenes”, destacó Waldys Taveras.

Ambos concejales entienden que como principio general debe existir igualdad entre todos los ciudadanos, como lo consagra la Constitución de la República en su artículo 39, acápites 1 y 3.

Proponen que “la violación a la presente ordenanza sea calificada como una infracción muy grave tipificada por el artículo 118, letra (a) de la Ley 176-07 (sobre el Distrito Nacional y los Municipios) y en consecuencia a sus infractores se les condene a una pena de cinco a cien salarios mínimos del sector público y a las indemnizaciones civiles en reparación por daños y perjuicios a los ciudadanos que se sientan afectados por la infracción cometida”.

En su propuesta, Taveras y Despradel entienden que la denuncia de la violación de la ordenanza, de ser aprobada, sea presentada por ante el Ministerio Público del Juzgado de Paz Municipal por los agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) o cualquier ciudadano afectado, acompañada de los medios de pruebas regularmente admitido por el Código de Procedimiento Penal.

Destacan que la Ley 241 sobre tránsito de vehículos de motor no establece ninguna normativa que regule el uso de franqueadores y privilegios en el tránsito para los funcionarios públicos que en virtud de sus altas funciones les corresponda dicho privilegio especial como excepción a la igualdad que debe existir entre todos los ciudadanos.

Refieren que la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios establece en su artículo 19 las competencias exclusivas de los ayuntamientos, que en su letra (a) confiere a los cabildos el ordenamiento del tránsito de vehículos y personas en las vías urbanas y rurales.

Resaltan por igual que el artículo 52 de la misma legislación precisa que el Concejo Municipal es un órgano normativo y de fiscalización y que la Ley 241 le otorga a estos organismos el poder para establecer mediante normativas todo lo no previsto en la ley en lo relativo al tránsito de vehículos y personas en su territorio.