Organizaciones de la sociedad civil insistieron en que se reformule el proyecto de ley de aguas para que este garantice la igualdad de acceso a ese bien común y se evite su privatización, ya que el con el esquema que se plantea se podría convertir ese recurso en un objeto comercial.

Un bien público como el agua no se puede regular sin haber debatido y construido consensos sociales sobre cómo garantizar ese derecho a toda la ciudadanía, así como preservar el equilibrio ecológico, expresó Rosa Cañete, directora de Oxfam en el país.

Consideró que el acceso al agua es un derecho humano y el Estado tiene que garantizarlo para la población y reducir la inequidad en la obtención de ese recursos.

Dijo que cualquier ley debe garantizar en primer lugar el uso humano del agua y el equilibrio ecológico que representa y una mayor eficiencia.

Destaca que actualmente el 70% del líquido usado para riego agrícola se pierde, un 65% del que usan las personas y que un 50% de las familias no tienen agua dentro de sus hogares.

No privatizar. En tanto Domingo Abreu, coordinador de Asamblea Nacional Ambiental (ANA), dijo que se debe evitar que el agua sea un artículo de comercio, como plantea el proyecto de ley en el Congreso, porque abre posibilidades a empresas multinacionales de manejar el líquido en detrimento del uso agrícola, industrial y humano.

Dijo que esto es una preocupación en momentos que en el país existen varias empresas mineras, industrias que demandan 300,000 metros cúbicos de agua diario para extraer oro, actividad que por demás es contaminante. Señaló además que las mineras buscan instalarse en la Cordillera Central, donde está la principal zona de producción de agua del país.

En el Congreso existen dos proyectos de agua y según la consultora Indhira de Jesús, ambas iniciativas establecen un marco legal para la participación del sector privado; mantienen la premisa constitucional del agua como bien público, el derecho al acceso y a los servicios públicos.

Además, contemplan pagos asociados al agua, buscan establecer un marco legal que permita la recuperación de costos y la obtención de beneficios para el prestador y establecen el marco para regular las tarifas y/o subsidios.

Afirma que ambos proyectos no han sido armonizados entre sí y en ocasiones se contradicen.

LA CLAVE

Sectorial

Luis Reyes, subdirector de Cuencas del Ministerio de Medio Ambiente, plantea que la ley de aguas debe ser sectorial y no general, pues entra en conflicto con las funciones de rectoría sobre ese recurso que confiere la Ley 64-00 a esa institución.

Dijo además que la creación de la Autoridad Nacional de Agua le quita al Ministerio de Medio Ambiente rectoría sobre el recurso agua.