A la ineficacia de las políticas públicas implementadas en el país para combatir la violencia de género, y que algunos sectores atribuyen a la dispersión de las instituciones que trabajan el tema, se suma ahora la controversia suscitada entre la Procuraduría General y el Ministerio de la Mujer, por el proyecto de Ley que crearía el “Sistema de Apoyo Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”.
Para la ministra de la Mujer, Janet Camilo, la iniciativa del senador peledeísta por San Juan, Félix Bautista, representaría un retroceso en materia legal y de derechos, y revela un desconocimiento absoluto de la conformación del sistema existente y del rol de cada una de las instituciones que lo conforman.
Afirma que el proyecto de marras “distorsiona los roles institucionales al centralizar todo el poder en la Procuraduría General de la República y poner al Ministerio de la Mujer como una institución de apoyo”,

Camilo aseguró en un comunicado, que de ese proyecto ser convertido en ley, todo el empeño puesto por la sociedad civil y el propio Estado desde hace 35 años, quedaría en letra muerta.
Anunció la conformación de un equipo de técnicos para estudiar la pieza que perimió en el Senado.
Un malentendido. Sin embargo, fuentes oficiosas del Ministerio Público rechazaron que la iniciativa de Bautista cuestione o contravenga las disposiciones legislativas vigentes, y mucho menos busca desconocer la importancia del esfuerzo sostenido por cientos de mujeres para alcanzar conquistas institucionales.
Agregaron que tampoco le quita funciones al Ministerio de la Mujer, sino que por el contrario, “afianza, amplía y redimensiona” sus atribuciones, ya que en su artículo 18 contempla un catálogo de funciones encaminadas a la coordinación de políticas sobre equidad de género e igualdad de oportunidades, y la implementación de programas especializados destinados a atender a las mujeres víctimas de violencia.
Señalaron que además, la Ley 86-99 que crea el Ministerio de la Mujer no contempla dentro de su contenido la prevención, sino que más bien se limita a las problemáticas de igualdad y equidad de género.
Afirmaron que, constitucionalmente, la Procuraduría General de la República es la encargada de la política de prevención y persecución de la criminalidad.
El artículo 1 de la Ley 86-99 expresa que “Se crea la Secretaría de Estado de la Mujer como organismo responsable de establecer las normas y coordinar la ejecución de políticas, planes y programas a nivel sectorial, interministerial y con la sociedad civil, dirigidos a lograr la equidad de género y el pleno ejercicio de la ciudadanía por parte de las mujeres”.
Conforme a la Constitución de la República y a su Ley Orgánica número 133-11, artículo 7, el Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, que está dirigida a “prevenir, controlar, gestionar y perseguir los hechos punibles”.
Las fuentes del Ministerio Público recordaron que la violencia de género es un delito público tipificado.
Consideran que el referido proyecto de ley lo que procura es fortalecer el campo de actuación de los organismos intervinientes, integrando los esfuerzos, promoviendo acciones conjuntas, en el ámbito de sus competencias y eficientizando los recursos estatales.
Trabajan el tema además, Salud Pública y la Policía Nacional.