A iniciativa de la Organización de Estados Americanos (OEA), el proyecto de reforma de la Ley Electoral 275-97 prohibe al  Ejecutivo inaugurar obras 15 días antes de las elecciones, entre otras restricciones y penalidades que, según el presidente de la Junta Central Electoral   (JCE), Roberto Rosario, ese organismo no podía limitar.

 El proyecto entregado  por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza,  a Rosario, el 26 de enero de 2010, todavía no ha sido sometido al Congreso debido a la crisis surgida hace dos meses en el centro de cómputos de la Junta.

Régimen de sanciones. La nueva Ley Electoral establece   un tope en el gasto de campaña, y penaliza a aquellas  personas o partidos que inicien la campaña a destiempo. Las penalidades incluyen  el pago de una determinada cantidad de salarios mínimos que podría ejecutar la JCE o el Tribunal Superior Electoral (TSE).

 Control de encuestas. Conforme al proyecto, las empresas encuestadoras  que realizan sondeos políticos deberán registrarse en la JCE y ser certificadas por ésta, luego de haber informado cada qué tiempo van a publicar encuestas políticas, y depositar la ficha técnica que van a utilizar para ese trabajo de investigación. Las encuestas políticas no podrán ser publicadas cinco días antes de las elecciones.

Régimen de publicidad. Se establece que en  los medios de comunicación (televisión, radio y prensa escrita)  estatales debe haber libertad e igualdad de acceso para todos los partidos y candidatos. Los medios privados tendrán libertad de contratación, pero no podrán prohibirle a un determinado partido colocar su publicidad, ni cobrarle a uno más que a otro. En ambos casos el gasto de la publicidad será limitado.

  Donaciones.   Las donaciones en publicidad serán contabilizadas por el valor que tienen en el mercado, y formarán parte del tope del gasto.

El proyecto de reforma a la Ley Electoral  fue elaborado por técnicos de la OEA y de la JCE.