Dirigentes empresariales y economistas manifestaron que les preocupa el proyecto de ley que modifica la Ley de Hidrocarburos 112-00 que aumentaría los impuestos a los combustibles.
La preocupación fue externada por los presidentes de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), Pedro Pérez; de las asociaciones de Jóvenes Empresarios (ANJE), Miguel Roig; de Industriales de Herrera (AEIH), Manuel Cabreera, y de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), Luis Núñez. Además los economistas Apolinar Veloz e Isidoro Santana.
Todos, consultados por separado, coincidieron en considerar que esa iniciativa tendrá un efecto directo en los costos del transporte y de los bienes y servicios.
Según Pérez, Roig y Cabrera, la modificación a la ley de hidrocarburos provocaría un alza en los precios de los bienes de consumo por la vía de mayores costos de las empresas productoras como por el impacto que tendrá sobre los precios de los combustibles y el costo del transporte.
Explicaron que además disminuiría la capacidad de compra de los dominicanos y afectará la capacidad de generación de empleos de las empresas.
De su lado, Nuñez calificó la medida como un palo asechao, y el mensaje de que el Gobierno se someterá a un plan de austeridad.
Los economistas Veloz y Santana explicaron que un incremento de los impuestos es consecuencia de una política fiscal irracional, que incrementó los gastos del Gobierno sin tener en cuenta el comportamiento de los ingresos.
Coincidieron en asegurar que el Gobierno se encuentra con un déficit superior al que había proyectado.
Las publicaciones dan cuenta de un déficit público de RD$18,000 millones para el primer trimestre del 2010, lo que registra una tendencia que terminaría con un déficit superior al estimado, expresó Veloz.
Santana explicó que según las declaraciones del ministro de Hacienda, Vicente Bengoa, el Estado piensa gravar más los combustibles de consumo, no los utilizados como insumos, con el propósito de no afectar los costos de producción. Pero eso puede hacer que los usuarios disminuyan el uso de gasolina para utilizar los combustibles menos gravados, como ocurre por ejemplo desde hace años con el uso gas propano en vehículos de gasolina.
Si la intención es seguir haciendo eso, el Gobierno debe estar consciente de que la gente va a seguir cambiando hacia gas, y eso tiene un impacto fiscal, dijo.
Sobre las exenciones fiscales que estudia el gobierno, Veloz aprobó que esas exenciones sean revisadas las que tienen las empresas, instituciones publicas y sectores productivos. Pero no sobre la base de buscar mayor cantidad de recursos para apoyar una política fiscal que ha incrementado de manera sostenida el déficit del sector público no financiero y consolidado.
Cree hay otras opciones
El asesor industrial del Poder Ejecutivo, Antonio Isa Conde, lamentó que para solventar el déficit que existe en la generación de energía, en vez de eliminarse los subsidios al sector eléctrico, los cuales dijo son sólo espejismo y eficientizar el cobro del servicio, se pretenda ahora aumentar el impuesto a los combustibles, cuando esto a quien perjudicará es a los más pobres.
Consideró que una buena política fiscal tiene que soportarse sobre la base de estimular el desarrollo productivo, crear empleos, generar riquezas y distribuirlas bien, un manejo presupuestario austero, un gasto público controlado y en la eliminación de subsidio que son espejismo.