Para el diputado Elías Serulle (PLD-Distrito Nacional), su propuesta de gravar con impuestos a las empresas telefónicas para beneficiar al Sistema de Emergencias 911 encuentra reparo por las tasas impositivas que afectarían a esas compañías.
Sin embargo, la discusión no se reduce a un tema tributario. En efecto, según el legislador, algunos sectores impugnan también la aprobación de la ley antifraude, prevista en el proyecto de ley y destinada a regular el tráfico de voz y datos en el país.
En todo caso, Serulle impulsa la iniciativa aunque la cámara baja la haya enviado a estudio durante una semana.
Impuestos y antifraude. El proyecto legislativo establece que las prestadoras de servicios pagarán 0.02 dólares por cada minuto de llamada, y 0.0025 dólares por cada mensaje de texto internacional.
Además dispone que las telefónicas proporcionen al Indotel un informe mensual que incluya la cantidad total de minutos e ingresos generados y un registrado detallado de las llamadas.
También que el Indotel o “aquella entidad que actúe por su cuenta” pueda instalar los “equipos necesarios en aras de posibilitar el seguimiento y control en tiempo real del tráfico de voz y datos generado en las redes” de las prestadoras de servicios.
Esa intervención oficial debe ser facilitada por las mismas prestadoras, las cuales no podrán “grabar, seguir o poner bajo escucha el contenido de las telecomunicaciones”.