Hoy 
POR PEDRO GERMOSEN
Entre el paquete de iniciativas económicas sometidas por el presidente Leonel Fernández al Congreso, un proyecto promueve la transparencia en el comercio de productos agrícolas perecederos y otro crea un marco regulatorio para que las pequeñas y medianas empresas contribuyan más eficazmente al desarrollo económico y social del país.
La primera iniciativa promueve una mayor transparencia en el comercio de productos agrícolas perecederos, específicamente, en el cumplimiento de los compromisos entre compradores y vendedores y en la determinación de los plazos de pago en las transacciones comerciales de esos rubros.
El artículo 2 expresa que el alcance de la ley está limitado a los pagos efectuados en operaciones comerciales entre empresas, ya que no regula las operaciones en las que intervienen los consumidores finales.
La legislación considera productos agrícolas perecederos todos aquellos vegetales y frutas, frescos y congelados, cuya vida útil está limitada por la naturaleza fisiológica de los mismos y que están dirigidos a su consumo como alimentos durante un plazo inferior a 30 días, o que precisan condiciones de temperatura controlada de comercialización y transporte.
El artículo 4 dispone que el comprador de productos agrícolas perecederos solo pueda rechazar productos parcial o totalmente, al momento de su recepción.
La legislación crea la Comisión de Regulación de Comercio de Productos Perecederos, adscrita a la Secretaría de Agricultura.
Uno de los considerando del proyecto refiere que el alto nivel de perecibilidad de los productos agrícolas, frutas y vegetales frescos y congelados, crea una alta dependencia del vendedor y aumenta sus riesgos, al tiempo que agrega inestabilidad al abastecimiento del comprador.
Resalta que la formalización de prácticas comerciales más definidas y previsibles reduciría los riesgos tanto de compradores como de vendedores e incrementaría las probabilidades de que los compradores sean suplidos a satisfacción y ambas partes edificarían negocios más competitivos.
MIPYMES
Uno de los 10 proyectos del Ejecutivo crearía un marco regulatorio y un organismo rector para promover estrategias integradas de desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).
Esa normativa, agrega la pieza, contribuirá al crecimiento económico y social del país, mediante la generación de empleos y el mejoramiento de las condiciones productivas y de acceso a la riqueza.
Establece que serán consideradas micro, pequeña y mediana empresa toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio rural o urbano.
La microempresa será una unidad económica formal o informal con un número de uno a 10 trabajadores y un activo de hasta RD$1.0 millón y que genere ingresos brutos o facturación anual hasta RD$2 millones.
La pequeña empresa tendrá un número de 11 a 50 trabajadores y un activo de hasta RD$1.0 millón y un centavo hasta RD$9 millones y deberá generar ingresos brutos anuales de RD$2 millones hasta RD$35 millones.
Mientras, la mediana empresa tendrá de 51 a 200 trabajadores y un activo de RD$9 millones hasta RD$35 millones y generar ingresos brutos anuales de hasta RD$150 millones.
El proyecto da carácter de ley al Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que fue establecido mediante el decreto 238-97.
El objetivo del fondo es promover el financiamiento de estas entidades cuidadosamente seleccionadas a través de la evaluación de los niveles potenciales de rentabilidad y viabilidad de los proyectos.
