Un proyecto de Ley de Racionalización del Gasto Público prohíbe a los funcionarios, a excepción del Presidente y Vicepresidente de la República, los gastos de representación con tarjetas de crédito, la donación de canastas navideñas y el cobro en consejos o juntas de organismos del Estado.

La iniciativa legislativa, sometida ayer al Senado por los senadores Tommy Galán, de San Cristóbal, y Julio César Valentín, de Santiago, prohíbe también los viajes aéreos y marítinos en primera clase y limita el servicio de celulares a mil minutos al mes.

El proyecto dispone, además, la eliminación de toda comisión especial.

Expresa que la legislación tiene por fin el establecimiento de disposiciones para racionalizar, reorientar y reducir el gasto público destinado a las transacciones que realizan las instituciones del Estado para obtener bienes y servicios.

Agrega que las medidas persiguen el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos en función de las prioridades nacionales.

Señala que solo el Presidente y Vicepresidente de la República podrán cubrir gastos de representación con tarjetas de crédito, “así como los titulares de los otros poderes del Estado, es decir, Legislativo y Judicial.

Canastas navideñas. Dispone que la Contraloría General de la República no autorizará ningún pago por concepto de canastas navideñas, “excepto las raciones alimenticias otorgadas dentro de los programas sociales del Gobierno.

Alcaldías.  El proyecto original de Galán y Valentín expresa que los ayuntamientos  ajustarán sus gastos a criterios de eficiencia, economía, eficacia, publicidad y transparencia con el fin de racionalizar el uso de los recursos públicos.

No compensaciones.  Dispone que ningún servidor público que por sus altas funciones ejerza representación en consejos, juntas u otro organismo público o mixto podrá percibir remuneración ni compensación alguna por el cumplimiento de estas responsabilidades.

Publicidad. La iniciativa establece que el gasto en publicidad y propaganda en televisión, radio y prensa escrita de los organismos del Estado no podrá rebasar el 0.30 por ciento del total de gastos aprobados para cada institución en el Presupuesto General del Estado.

Faltas graves. Las violaciones a las disposiciones citadas, expresa el artículo 29 del proyecto, constituirán faltas graves en el ejercicio de las funciones de los funcionarios, “sancionables conforme a la Constitución de la República y las leyes aplicables”.

Así, todo servidor público culpable de realizar gastos contrarios a las disposiciones de esta ley, “deberá reembolsar el triple de su costo, sin menoscabo de las responsabilidades de orden administrativa, civil o penal que pudieran derivar de la violación de la misma”.

Maquinarias y equipos.  El proyecto dispone que las inversiones en equipos y sus adicciones y reparaciones estarán sujetas a la verificación por parte de la Contraloría General de la República.

La iniciativa de los senadores Galán y Valentín establece que los vehículos para los titulares de los organismos, legisladores, jueces de las altas cortes, de la Junta Central Electoral y de la Cámara de Cuentas tendrán una capacidad no mayor de 4,200 CC y un precio máximo de US$50 mil.

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Excedentes

Los excedentes presupuestarios producto de las medidas de racionalización, dispone el proyecto de ley,  serán aplicados a la disminución del déficit presupuestario del año.

Ajustes

Establece que el Poder Ejecutivo tomará las medidas pertinentes para los ajustes presupuestarios derivados de la aplicación de esta legislación.